Colombia, mayo de 2026. La transición energética continúa avanzando en el país, pero trabajadores y sindicatos de regiones mineras alertan sobre los impactos laborales y económicos que enfrenta la población dependiente de la actividad carbonífera.

El debate fue impulsado por el Centro de Investigación e Innovación desde los Trabajadores para una Transición Energética (CIPAME), organización que ha llevado estas preocupaciones a escenarios nacionales e internacionales, insistiendo en que el cambio hacia energías limpias debe incluir garantías reales para los trabajadores y las comunidades.

Impacto económico en regiones carboníferas

Departamentos como La Guajira, Cesar y Boyacá, históricamente dependientes del carbón, ya experimentan transformaciones económicas derivadas de la reducción gradual de actividades asociadas a combustibles fósiles.

Aunque el carbón se consolidó entre 2014 y 2024 como uno de los principales productos de exportación del país, alcanzando en 2024 un valor FOB cercano a US$6.000 millones, organizaciones sindicales advierten que el declive del sector podría generar pérdidas masivas de empleo.

Estudios citados por sindicatos indican que solo en Boyacá podrían perderse cerca de 24.000 empleos directos e indirectos hacia 2035, afectando de manera significativa las economías locales.

Los trabajadores sostienen que la transición energética no debe medirse únicamente por indicadores ambientales o capacidad instalada de energías renovables, sino también por sus consecuencias sociales y laborales.

“No nos oponemos a la transición energética, pero no puede hacerse a costa de los trabajadores ni de los territorios que han sostenido este modelo durante décadas”, afirmó Igor Díaz, representante del CIPAME.

Reconversión laboral y nuevas exigencias

Uno de los principales reclamos está relacionado con la reconversión laboral, proceso mediante el cual los trabajadores adquieren nuevas habilidades para integrarse a sectores emergentes como energías renovables, agroindustria o servicios tecnológicos.

Según las organizaciones sindicales, los programas actuales de formación y transición laboral son insuficientes frente a la velocidad de los cambios económicos que atraviesan las regiones mineras.

Entre las exigencias planteadas se encuentran:

• Participación efectiva en decisiones sobre transición energética.
• Creación de una hoja de ruta para la transición laboral y productiva.
• Programas de formación adaptados a las necesidades regionales.
• Acceso a financiamiento para nuevas actividades económicas.

Los sindicatos aseguran que la reducción de la actividad minera no ha sido acompañada por el desarrollo suficiente de sectores alternativos que puedan absorber la mano de obra disponible.

Participación internacional y nuevas formas de organización

Líderes sindicales también han participado en espacios internacionales como la COP y conferencias sobre transición energética, donde han expuesto la situación laboral que enfrentan las comunidades mineras.

Sin embargo, aseguran que la participación de los trabajadores sigue siendo limitada, razón por la cual han fortalecido procesos de comunicación digital y campañas en redes sociales para amplificar sus mensajes.

Paralelamente, han surgido iniciativas como Asoextramicer, asociación creada por extrabajadores mineros en el Cesar para impulsar proyectos agroindustriales y energéticos como alternativa económica tras el cierre de operaciones mineras.

Organizaciones como Coomustier, Sintraelecol, Renova-Acción y colectivos de transición justa continúan promoviendo espacios de articulación para defender los derechos laborales y exigir mayor participación en el diseño de políticas públicas.

Para los trabajadores, el desafío de la transición energética no solo está en transformar la matriz energética del país, sino también en garantizar un modelo que incluya desarrollo regional, empleo digno y estabilidad económica para las comunidades históricamente vinculadas a la minería.