El sector energético colombiano atraviesa un momento decisivo. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) prepara una subasta de expansión del Cargo por Confiabilidad para marzo de 2026, con la cual el Gobierno busca cerrar el déficit proyectado de energía firme previsto para los años 2029 y 2030.

Sin embargo, gremios y expertos expresan preocupación por la posibilidad de que la convocatoria no logre adjudicar la capacidad necesaria para cubrir una brecha estimada entre el 4 % y el 6 % de la demanda. De no cumplirse las metas, el país podría quedar expuesto a un escenario de racionamiento energético durante un nuevo fenómeno de El Niño o en periodos de baja hidrología.

Obstáculos que frenan nuevos proyectos

Los principales cuellos de botella señalados por los gremios incluyen los trámites ambientales, la interconexión a la red, la financiación, la congestión en transmisión y la falta de garantías regulatorias. Estos factores han impedido que muchos de los megavatios adjudicados en subastas anteriores entren efectivamente en operación.

Además, advierten que una subasta con predominio de fuentes renovables intermitentes (solar y eólica) no garantiza la firmeza energética necesaria para cubrir los picos de demanda o los periodos secos. Experiencias previas demostraron que una participación mayoritaria de proyectos solares dejó al sistema vulnerable ante condiciones climáticas extremas.

Por ello, asociaciones como Acolgen y Andeg insisten en que las próximas subastas deben incluir una proporción adecuada de plantas térmicas, hidroeléctricas con embalse y sistemas de almacenamiento, garantizando el respaldo del sistema y evitando apagones.

Llamado del sector a revisar el marco regulatorio

La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, advirtió durante la Semana Mundial de la Energía que el país enfrenta un entorno regulatorio incierto que desincentiva las inversiones en generación confiable.

“Tenemos inseguridad jurídica, atrasos en redes y proyectos, y una falta de señales claras que comprometen la estabilidad del sistema”, señaló Gutiérrez.

En una carta dirigida a la CREG, el gremio solicitó ajustes urgentes al marco regulatorio previo a la subasta, especialmente frente a las resoluciones 101 066 de 2024, 101 069 de 2025 y el Proyecto 701 100 de 2025. Según los generadores, estas medidas alteran la lógica del Cargo por Confiabilidad al establecer precios de escasez diferenciados por tecnología.

Acolgen advierte que las modificaciones podrían aumentar el riesgo tarifario y minar la confianza de los inversionistas. Además, pidió eliminar la remuneración diferenciada entre plantas nuevas y existentes para fomentar la participación equitativa en la subasta.

Riesgos y tiempos ajustados para la nueva capacidad

Según estimaciones del sector técnico, construir una planta hidroeléctrica o térmica puede tardar entre cuatro y seis años desde la firma del contrato hasta su entrada en operación. Si la subasta se realiza en 2026, los tiempos serían justos para que la nueva capacidad esté lista antes de 2029, cuando se proyecta el déficit energético.

El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, alertó que repetir el modelo de la subasta de 2024 —en la que el 99 % de las Obligaciones de Energía Firme (OEF) se asignaron a proyectos solares— sería riesgoso para la confiabilidad del sistema.

En esa ocasión se adjudicaron cerca de 4.000 megavatios, pero la limitada participación térmica dejó sin respaldo suficiente la generación en periodos secos. Para la nueva subasta, se estima que se deben asignar al menos 1.500 megavatios adicionales, de los cuales 700 deberían provenir de plantas térmicas para asegurar la estabilidad operativa.

El Gobierno busca atraer inversión con una “gran subasta” de renovables

Frente al panorama de incertidumbre, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1091 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro. Este decreto permitirá realizar una “gran subasta” de energías limpias para ampliar la matriz renovable y avanzar hacia una transición energética justa.

Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la medida ofrece seguridad jurídica y financiera para los inversionistas, facilita el cierre financiero de los proyectos y busca reducir las tarifas de energía a largo plazo.

No obstante, expertos advierten que la diversificación energética debe realizarse sin comprometer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, combinando fuentes renovables con proyectos de respaldo térmico e hidráulico.

El desafío para Colombia será garantizar que la próxima subasta no solo atraiga nuevos proyectos, sino que proporcione energía firme y oportuna para cubrir la creciente demanda y evitar un escenario de racionamiento que pondría a prueba la estabilidad del sistema.

Fuente: El Tiempo