Foto tomada de: Portafolio
Un reciente estudio de Observadores Colombia advierte que las tarifas de energía en la región Caribe no se redujeron para los estratos 1 y 2, a pesar del anuncio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) sobre una disminución del 25% aplicada a usuarios de la empresa intervenida Air-e.
Según el informe, la rebaja en tarifas benefició principalmente a los estratos 3, 4, 5 y 6. La Superservicios había informado que, en agosto de 2024, la tarifa promedio alcanzó los -$1.072 por kWh, y para septiembre de 2025 subió a $796 por kWh, ubicando a la empresa entre las tres más bajas del país. Sin embargo, los usuarios de menores ingresos no recibieron alivio tarifario.
De acuerdo con Observadores Colombia, el 74,6% de los clientes de Air-e pertenece a los estratos 1 y 2, lo que significa que la mayoría de usuarios continúa pagando tarifas sin descuento. El vocero de la organización, Javier Bustos, explicó que la falta de reducción se debe a que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) no ha emitido la resolución necesaria para aplicar dichos ajustes, y a que el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, no autorizó nuevas rebajas por tratarse de estratos subsidiados.
Impacto en los usuarios del Caribe colombiano
La falta de reducción tarifaria afecta a más de 832.000 suscriptores, equivalentes a una población cercana a 3,3 millones de personas en Atlántico, Magdalena y La Guajira. El subsidio vigente cubre solo los primeros 173 kWh del consumo mensual, mientras que el consumo promedio de 354 kWh deja sin descuento al 51,1% restante.
Air-e cuenta con más de 1,1 millones de usuarios residenciales activos, 74.000 comerciales e industriales y alrededor de 200.000 usuarios subnormales —sin medidor—, situación que, según la entidad, contribuye a su crisis financiera. El déficit operativo de la empresa se estima en $60.000 millones mensuales, equivalentes a $720.000 millones anuales.
Deuda y causas del deterioro financiero
Observadores Colombia alertó que la intervención no ha corregido la situación financiera. La deuda de Air-e aumentó un 124%, alcanzando $3,39 billones, distribuidos en $2,9 billones a generadores de energía, $460.000 millones a acreedores y $830.000 millones a entidades financieras.
Además, la Contraloría General de la Nación implementó un tablero de control para monitorear los pagos a las generadoras, mientras la Fiscalía investiga denuncias de corrupción en la empresa intervenida, que involucran presuntos casos de detrimento patrimonial y a funcionarios públicos, entre ellos el actual ministro de Energía, Edwin Palma Egea.
La reducción de tarifas en los estratos más altos se explicó por el aumento en la generación hidráulica, que actualmente representa el 80% de la oferta nacional gracias a los altos niveles de los embalses, según datos de XM. Sin embargo, Air-e continúa comprando el 100% de la energía que distribuye en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, sin capacidad propia de generación.
El estudio resalta la necesidad de fortalecer las inversiones en infraestructura, reducir los costos operativos y normalizar el servicio en sectores donde persisten redes precarias o conexiones ilegales, a fin de garantizar estabilidad financiera y continuidad del suministro.
La situación tarifaria del Caribe refleja los retos estructurales del sector eléctrico colombiano. A pesar de los esfuerzos regulatorios y de intervención, millones de usuarios de bajos ingresos siguen sin beneficiarse de reducciones que alivien su carga económica. El estudio concluye que, sin decisiones regulatorias firmes, la brecha energética y social en la región continuará ampliándose.