Bogotá D.C., agosto de 2026. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puso sobre la mesa una nueva alerta para el mercado eléctrico colombiano: los actuales esquemas de contratación y cierre en la Bolsa de Energía pueden generar exposiciones financieras significativas para empresas que no cuentan con integración vertical.

De acuerdo con La República, la entidad presentó un estudio de su Observatorio de Servicios Públicos titulado “Integración vertical en el mercado de energía eléctrica colombiano: caracterización financiera, análisis tarifario y recomendaciones regulatorias”, en el que revisó el comportamiento financiero y tarifario de los agentes del Sistema Interconectado Nacional (SIN) entre 2021 y 2025.

El objetivo del análisis fue establecer si la integración vertical genera ventajas competitivas, diferencias financieras o mayores costos para los usuarios regulados. La Superservicios encontró que las empresas integradas verticalmente registran mayores márgenes operacionales, rentabilidad y capacidad de inversión frente a otros agentes, aunque esas condiciones no se reflejan de manera sistemática en menores costos para los usuarios.

Por esa razón, el organismo recomendó revisar los esquemas de contratación en la Bolsa de Energía, avanzar hacia mecanismos con mayor transparencia y aplicar criterios homogéneos de asignación. Entre las alternativas mencionadas está la anonimización de las compras de energía.

Qué analizó el estudio de Superservicios

El estudio evaluó el comportamiento financiero y tarifario de los agentes del Sistema Interconectado Nacional durante el periodo 2021-2025. La revisión se enfocó en identificar diferencias entre empresas integradas verticalmente y agentes que operan de manera separada en actividades como generación, distribución o comercialización.

En el mercado eléctrico, la integración vertical ocurre cuando un mismo grupo empresarial participa en varios eslabones de la cadena: genera energía, la distribuye y la comercializa a usuarios finales.

Esta estructura puede ofrecer ventajas operativas y financieras, pero también plantea preguntas regulatorias sobre competencia, costos reconocidos, contratación entre vinculados, traslado tarifario y efectos sobre usuarios regulados.

Bolsa de Energía, foco de preocupación

Uno de los principales hallazgos del estudio está relacionado con los mecanismos de contratación y cierre de la Bolsa de Energía. Según la Superservicios, estos esquemas pueden exponer financieramente a empresas que no tienen integración vertical.

La Bolsa de Energía funciona como el mercado de corto plazo donde se transa energía para atender diferencias entre contratos y demanda real. Cuando una empresa no tiene suficiente cobertura contractual o generación propia, puede quedar más expuesta a las variaciones del precio en bolsa.

Esta exposición puede afectar su flujo de caja, sus márgenes y su estabilidad financiera, especialmente en periodos de precios altos, volatilidad de oferta, sequía o mayor uso de generación térmica.

Empresas sin integración vertical, más vulnerables

La Superservicios advirtió que las empresas que no cuentan con integración vertical pueden enfrentar mayor vulnerabilidad financiera. Esto ocurre porque dependen más de contratos con terceros o de compras en bolsa para atender la demanda de sus usuarios.

En contraste, los grupos integrados pueden tener mayor capacidad de gestionar riesgos porque participan en generación, comercialización y, en algunos casos, distribución. Esa estructura puede facilitar cobertura interna, mayor control sobre costos y mejor capacidad de inversión.

Sin embargo, el informe también advierte que la integración vertical no necesariamente se traduce en menores tarifas para los usuarios regulados. Por eso, la discusión no se limita a permitir o restringir integración, sino a revisar cómo se forman los precios y cómo se trasladan los costos.

Mayores márgenes, pero no siempre menores tarifas

En materia financiera, el estudio encontró que las empresas integradas verticalmente registraron mayores márgenes operacionales, mejores niveles de rentabilidad y mayor capacidad de inversión frente a otros agentes del mercado.

Estos resultados pueden explicarse por economías de escala, control de varios eslabones de la cadena, mejor acceso a financiamiento o capacidad para gestionar riesgos de contratación.

No obstante, la Superservicios señaló que esas condiciones no se reflejan de forma sistemática en menores costos para los usuarios regulados. Este punto es clave porque una mayor eficiencia empresarial debería evaluarse también en términos de beneficios para el usuario final.

Diferencias entre generación, distribución y comercialización

El informe encontró diferencias significativas entre grupos empresariales en los componentes de generación, distribución y comercialización. Según La República, el componente de comercialización presentó el patrón de diferenciación más marcado.

La explicación es que la comercialización es el componente sobre el cual los agentes tienen control directo. Allí se reflejan decisiones de compra de energía, gestión de cartera, costos comerciales, margen, atención al usuario, medición y administración del riesgo.

Si las diferencias en comercialización son amplias, la autoridad puede considerar necesario revisar cómo se calculan y reconocen esos costos dentro de la tarifa regulada.

Revisión de contratos por comercializador

Superservicios recomendó profundizar el análisis de los contratos de cada comercializador. La entidad plantea revisar variables como contraparte, cantidad, mecanismo, precio y plazo.

Esta revisión permitiría identificar las causas de los mayores valores del componente de generación y evaluar el efecto de los límites a las compras propias.

En un mercado donde los contratos de energía tienen impacto directo sobre la tarifa, conocer quién compra, a quién compra, bajo qué mecanismo y a qué precio es fundamental para mejorar la transparencia y detectar posibles ineficiencias.

Anonimización de compras de energía

Entre las alternativas mencionadas por la Superservicios está la anonimización de las compras de energía. Esta medida buscaría reducir sesgos, tratos preferenciales o ventajas informativas en los procesos de contratación.

Un esquema de compras anónimas podría ayudar a que las ofertas se evalúen bajo criterios más homogéneos y transparentes, evitando que la identidad del comprador o vendedor influya indebidamente en los resultados.

La implementación de una medida de este tipo requeriría análisis regulatorio detallado, porque debe equilibrar transparencia, trazabilidad, competencia, gestión de riesgo y cumplimiento contractual.

Resultados serán enviados a la CREG y MinEnergía

Los resultados del estudio serán enviados a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y al Ministerio de Minas y Energía como insumo para el desarrollo normativo del sector.

Este paso es relevante porque la Superservicios cumple funciones de inspección, vigilancia y control, mientras que la CREG define metodologías tarifarias y regulación del mercado, y MinEnergía orienta la política pública energética.

La coordinación entre estas entidades será necesaria para convertir los hallazgos del estudio en eventuales ajustes regulatorios, lineamientos de contratación o mecanismos de seguimiento tarifario.

Seguimiento periódico al comportamiento tarifario

La Superservicios anunció que mantendrá un seguimiento periódico del comportamiento tarifario por empresa, mercado, año, mes y componente del costo unitario.

Este monitoreo permitirá identificar variaciones relevantes, diferencias entre mercados y posibles señales de ineficiencia en componentes como generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas o restricciones.

Para los usuarios regulados, un seguimiento más detallado puede ayudar a explicar por qué suben o bajan las tarifas y qué componentes tienen mayor incidencia en el valor final de la factura.

Régimen tarifario y rol de la CREG

La Superservicios recuerda en su información pública que el régimen tarifario de energía y gas combustible es definido por la CREG, conforme a la Ley 142 de 1994 y la Ley 143 de 1994.

La Superintendencia, por su parte, vigila, inspecciona y controla la correcta aplicación del régimen tarifario por parte de los prestadores. Esto significa que no define directamente las fórmulas tarifarias, pero sí puede advertir riesgos, hacer seguimiento y formular recomendaciones regulatorias.

Por eso, los resultados del estudio adquieren importancia como insumo técnico para que la CREG y MinEnergía evalúen posibles cambios en contratación, transparencia y asignación de costos.

Integración vertical: ventaja o riesgo regulatorio

La integración vertical puede generar eficiencias, como mejor coordinación interna, reducción de costos de transacción, mayor capacidad de inversión y gestión de riesgos. Sin embargo, también puede plantear preocupaciones sobre competencia, contratación entre empresas vinculadas y traslado de beneficios al usuario.

El estudio de Superservicios intenta responder precisamente si esas ventajas empresariales se traducen en menores costos para los usuarios regulados o si, por el contrario, pueden coexistir con tarifas que no reflejan plenamente esas eficiencias.

La pregunta regulatoria es sensible: cómo permitir estructuras empresariales eficientes sin que generen posiciones ventajosas o distorsiones en la formación de precios.

Mercado mayorista bajo vigilancia

La nueva recomendación se suma a otros análisis recientes de la Superservicios sobre el mercado mayorista de energía. En abril de 2026, la entidad informó que había activado seguimiento riguroso al comportamiento de agentes del mercado ante señales de incremento de precios y prácticas que podrían incidir en su formación.

En ese análisis previo, la Superintendencia estimó que la intermediación de comercializadores puros habría representado un sobrecosto promedio cercano a $59,58/kWh sobre el costo de la energía en la tarifa final de los usuarios atendidos por ellos.

La entidad también señaló que la participación de la intermediación en el mercado mayorista pasó de cerca del 9% en 2020 a aproximadamente el 25% en 2026, lo que reforzó la necesidad de seguimiento a su impacto sobre precios y eficiencia.

Contratación y formación de precios

La forma en que los comercializadores contratan energía incide directamente en la formación de precios para los usuarios. Si una empresa compra energía a precios altos, tiene baja cobertura contractual o depende más de la bolsa, el componente de generación puede aumentar.

En periodos de hidrología crítica, alta demanda o mayor generación térmica, la exposición al mercado de corto plazo puede ser especialmente riesgosa. Por eso, la Superservicios plantea revisar esquemas para proteger a las empresas más vulnerables y evitar que esos riesgos terminen trasladándose al usuario final.

La revisión contractual también permitiría detectar si existen compras entre empresas vinculadas, condiciones poco competitivas o diferencias injustificadas entre mercados.

Usuarios regulados en el centro del debate

El estudio busca evaluar si los costos que pagan los usuarios regulados reflejan condiciones eficientes del mercado. Estos usuarios incluyen hogares, pequeños comercios y otros consumidores sujetos a tarifas reguladas.

Si las empresas integradas tienen mayores márgenes y capacidad de inversión, pero eso no se traduce en menores tarifas, la regulación debe revisar si los beneficios de eficiencia están llegando al usuario o quedándose en la estructura empresarial.

El objetivo final no es únicamente proteger balances empresariales, sino garantizar que el servicio de energía se preste con eficiencia económica, transparencia y costos razonables para los usuarios.

Riesgos para empresas no integradas

Las empresas no integradas pueden enfrentar más presión porque no cuentan con generación propia o con respaldo corporativo en otros eslabones de la cadena. Si el precio de bolsa sube, su costo de compra puede aumentar rápidamente.

Además, si atienden mercados con dificultades de recaudo o altas pérdidas, el riesgo financiero se multiplica. Compran energía más cara, enfrentan cartera vencida y deben sostener la prestación del servicio.

Esta combinación puede afectar su liquidez y capacidad de inversión, lo que a su vez puede impactar calidad del servicio y atención a usuarios.

Transparencia como herramienta regulatoria

La Superservicios plantea que los esquemas de contratación deben avanzar hacia mayor transparencia. Esto no significa publicar información sensible sin control, sino asegurar que los procesos sean verificables, competitivos y comparables.

La transparencia permite detectar diferencias injustificadas, prevenir ineficiencias y mejorar la confianza de usuarios, agentes e inversionistas. También ayuda a que la CREG cuente con mejores insumos para ajustar regulación.

En mercados esenciales como la energía, la transparencia es una condición para que la competencia funcione y para que los usuarios confíen en que las tarifas responden a costos eficientes.

Recomendaciones regulatorias posibles

Aunque el estudio no implica cambios inmediatos en las reglas, sí abre la puerta a posibles ajustes regulatorios. La CREG y MinEnergía podrían evaluar medidas sobre contratación, límites a compras propias, transparencia de contratos, mecanismos de asignación o protección frente a volatilidad de bolsa.

También podrían fortalecer los sistemas de información para que las autoridades analicen con más detalle los contratos por comercializador y componente tarifario.

Cualquier cambio deberá equilibrar varios objetivos: proteger al usuario, mantener señales de inversión, evitar distorsiones de competencia y garantizar sostenibilidad financiera de los prestadores.

Impacto en tarifas de energía

El informe es relevante porque los contratos de energía y la exposición a bolsa terminan incidiendo en el componente de generación dentro de la tarifa. Cuando ese componente sube, el usuario puede ver aumentos en su factura, especialmente si no existen mecanismos de cobertura suficientes.

En Colombia, el costo unitario del servicio de energía se compone de varios elementos, pero la generación suele tener un peso importante. Por eso, revisar cómo se contrata la energía es una forma de analizar una de las causas estructurales de las variaciones tarifarias.

La Superservicios mantendrá seguimiento por empresa y mercado para identificar diferencias y evaluar si los valores cobrados guardan relación con condiciones eficientes de contratación.

Una alerta para el diseño del mercado eléctrico

El estudio de integración vertical no solo describe diferencias empresariales. También plantea una alerta sobre el diseño del mercado eléctrico: las reglas actuales pueden generar riesgos distintos según el tipo de agente.

Si las empresas integradas tienen ventajas financieras y las no integradas quedan más expuestas a la bolsa, el sistema podría favorecer ciertas estructuras empresariales sin que eso necesariamente beneficie al usuario final.

El reto regulatorio será crear condiciones de competencia que permitan eficiencia, inversión y sostenibilidad, pero con tarifas transparentes y razonables para los usuarios regulados.

Una discusión clave ante mayor volatilidad energética

La recomendación llega en un contexto de mayor sensibilidad por precios de energía, riesgo climático, entrada de renovables, presión sobre embalses y necesidad de respaldo térmico. En este escenario, la gestión del riesgo contractual se vuelve cada vez más importante.

Una empresa con baja cobertura contractual puede sufrir cuando los precios de bolsa suben. Una empresa con contratos mal diseñados puede trasladar ineficiencias a usuarios. Y una empresa integrada puede tener ventajas que deben revisarse para evitar distorsiones.

Por eso, la discusión sobre contratación no es técnica en abstracto: tiene efectos directos sobre estabilidad financiera, tarifas, inversión y confiabilidad del servicio.

Con su nuevo estudio, la Superservicios recomendó revisar los esquemas de contratación en la Bolsa de Energía, profundizar el análisis de contratos por comercializador y avanzar hacia mayor transparencia en el mercado. Los hallazgos serán enviados a la CREG y al Ministerio de Minas y Energía como insumo regulatorio, mientras la entidad mantendrá seguimiento periódico al comportamiento tarifario por empresa, mercado y componente del costo unitario.