La Superintendencia de Servicios Públicos inició una evaluación “detallada” a diversas empresas que participan en el sector energético de Colombia. Según trascendió, la revisión abarcará aspectos financieros, administrativos, comerciales, técnicos y de protección al usuario.

La evaluación se aplicará a compañías que operan en los eslabones de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico. Entre las empresas que serán revisadas en los próximos días se encuentran XM, Gecelca, Vatia, Empresa de Energía del Guainía La Ceiba, Emelcesa y la Electrificadora del Pacífico.

“Estas evaluaciones analizan aspectos financieros, administrativos, comerciales, técnicos y de protección al usuario de las empresas dedicadas a la generación, distribución y comercialización del Sistema Interconectado Nacional, SIN, la operación del mercado mayorista y las que atienden Zonas no Interconectadas”, detalló la entidad.

Aunque no se revelaron los motivos que impulsaron la revisión, la entidad señaló que, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, evaluará la calidad del servicio de energía mediante el seguimiento de indicadores como eficiencia operativa, confiabilidad del sistema, frecuencia de fallas y tiempos de respuesta para resolverlas.

Las visitas ocurren en medio de un ambiente de tensión entre el sector energético y el presidente Gustavo Petro, quien ha acusado en varias ocasiones a estas compañías de generar cobros excesivos. En una de sus declaraciones más polémicas, comparó el modelo de precios de algunas empresas con prácticas de Pablo Escobar.

“Lo que está pasando hoy es que ligaron la tarifa de la generación eléctrica por agua al gas. Esto sucede en bolsa, entonces las empresas hidroeléctricas ganan como si produjeran energía con base en gas. Pablo Escobar palidecería ante este negocio”, afirmó Petro.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, respondió entonces que era fundamental tener prudencia con los discursos públicos y evitar comparaciones con actividades ilegales, recordando que el sector ha generado progreso con empleo e inversiones que sostienen el desarrollo del país.

El presidente también intentó, en 2023, asumir funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para intervenir directamente las tarifas, pero el Consejo de Estado anuló el decreto. En ese momento, gremios y expertos advirtieron que reemplazar criterios técnicos por decisiones políticas generaría riesgos para la continuidad del servicio, recordando el apagón de 1992.

Otro punto de fricción ha sido el retraso del Gobierno en el pago de los subsidios al consumo eléctrico, situación que ha generado presiones financieras sobre varias electrificadoras.

A pesar de estas tensiones, el Ministerio de Energía ha insistido en limitar las tarifas mediante proyectos de decreto. Sin embargo, gremios como Andesco reiteran que los precios solo pueden reducirse si aumenta la oferta de generación.

Finalmente, la Superservicios afirmó que, como parte de las evaluaciones, solicitará información detallada sobre los proyectos orientados a mejorar la calidad del servicio y conocer el impacto de sus inversiones. Esto, con el fin de fortalecer la prestación del servicio de energía eléctrica y garantizarlo como un derecho para todos los usuarios.