En tiempos donde la energía eléctrica se convierte en una carga económica para millones de hogares, la propuesta de un diálogo social abierto, honesto y participativo aparece como el mejor camino hacia una solución justa y sostenible.
El diálogo social no es solo una herramienta, es una convicción. Una creencia firme de que, aún con diferencias marcadas entre los diversos actores del sistema, es posible llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad. Este método ha demostrado su eficacia en múltiples contextos y hoy es más necesario que nunca para enfrentar la crisis energética que vive Colombia.
Históricamente, la política ha sido escenario de disputas ideológicas, pero también un espacio de construcción de lo público. Sin embargo, durante décadas el neoliberalismo desplazó lo público hacia lo privado, incluso en sectores estratégicos como el energético. Hoy, es urgente retomar el control social y público sobre estos servicios esenciales.
Aunque muchas empresas del sector eléctrico son privadas, su función sigue siendo la de prestar un servicio público. Esto implica que deben estar sujetas a un marco legal actualizado, capaz de responder a los desafíos actuales: la crisis climática, el cambio de modelo económico, y la necesidad urgente de reindustrializar el país.
El modelo tradicional de regulación, basado en decisiones tomadas por técnicos, políticos y empresarios en espacios cerrados, ha demostrado ser insuficiente. Es momento de abrir estos debates a la ciudadanía, especialmente a quienes deben elegir entre pagar la energía o alimentar a sus familias. El pueblo tiene derecho a ser parte activa en la definición de las tarifas y la política energética.
En el marco del Gobierno del Cambio, hemos buscado devolverle a lo público su carácter participativo. Hemos establecido canales directos con las comunidades, escuchando sus reclamos y llevando el mensaje de que la energía es un derecho humano.
Al mismo tiempo, se ha dialogado con los gremios empresariales, recordándoles que la propiedad tiene una función social. Según la Constitución, sus intereses económicos están garantizados, pero dentro de los límites que impone la responsabilidad social y el bienestar colectivo.
Desde el Ministerio, reiteramos nuestra propuesta de un diálogo social eficaz, sin exclusiones, con propuestas concretas, honestas y bien fundamentadas. ¿Por qué los usuarios y trabajadores no hacen parte de las entidades que regulan y supervisan el sistema? ¿No estamos acaso ante una omisión histórica que urge corregir?
Convocamos a abrir espacios de conversación pública sobre el derecho a la energía, donde participen activamente comunidades, trabajadores, académicos, empresarios y autoridades locales. Un diálogo capaz de generar reformas estructurales que bajen las tarifas, impulsen la transición energética y mejoren la productividad, especialmente en regiones como el Caribe colombiano.
Estoy convencido de que la paz se construye con justicia, empatía y acuerdos. Si nos escuchamos y actuamos desde la transparencia, lograremos avanzar hacia un modelo energético justo, sostenible y centrado en las personas.
El país ya debate sobre esto, como lo mostró el reciente consejo de ministros televisado. Es hora de traducir ese debate en acciones y reformas concretas. Invito a todos los sectores a sumar esfuerzos para garantizar el acceso universal a la energía eléctrica como derecho fundamental.
En línea con los compromisos internacionales como el ODS 7 de la ONU, proponemos medidas para reducir tarifas y acelerar la transición energética. No queremos más espacios del “no se puede”. Queremos mesas donde se hagan, se propongan, y se construyan soluciones reales.
Las grandes generadoras de energía también deben poner sobre la mesa reformas sustanciales para lograr esa reducción de tarifas que tanto clama la ciudadanía. Por eso pondremos a discusión un nuevo borrador de decreto que promueva la contratación directa de energía, abriendo así un debate democrático, no tecnocrático.
Además, presentaremos un proyecto de ley que recoge puntos de consenso entre las diferentes bancadas del Congreso, y que busca introducir mejoras concretas al sistema energético colombiano.
Este mensaje fue parte de mi intervención en la Cumbre Mundial sobre Seguridad Energética en Londres, donde recibimos la invitación para integrar una comisión internacional de alto nivel. El objetivo: construir una política pública global centrada en el acceso a la energía como derecho humano.
