Colombia, 2026. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios encendió las alertas tras detectar sobrecostos de hasta $59,58 por kilovatio hora (kWh) en las tarifas de energía eléctrica, asociados a prácticas de intermediación en el mercado mayorista.

Según el informe, los llamados comercializadores puros estarían generando costos adicionales al participar en la compra y venta de energía dentro del mismo mercado que abastecen, lo que impacta directamente el valor final que pagan los usuarios.

Intermediación y distorsión de precios

Aunque la intermediación está permitida por la regulación vigente, la entidad advirtió que debe cumplir criterios de eficiencia económica, de lo contrario puede generar distorsiones en la formación de precios y afectar el funcionamiento del sistema eléctrico.

El superintendente señaló que algunos agentes del mercado no atienden usuarios finales, sino que se dedican exclusivamente a comprar y vender energía, lo que incrementa la cadena de costos.

Mayor concentración en el mercado

El análisis también evidenció una creciente concentración de ingresos en un grupo reducido de empresas, lo que podría limitar la competencia y afectar la transparencia en el sector energético colombiano.

Adicionalmente, se identificaron casos en los que la demanda atendida por ciertos generadores supera su capacidad real, obligándolos a adquirir energía en el mercado mayorista, lo que refuerza la dependencia de intermediarios.

Seguimiento y control regulatorio

Ante estos hallazgos, la Superintendencia anunció un monitoreo riguroso sobre la evolución de la intermediación, los márgenes financieros de los agentes y la coherencia entre la capacidad operativa y la energía comercializada.

También evaluará la calidad de la información reportada y la participación de los principales actores en los resultados del mercado.

Recomendaciones para ajustes regulatorios

La entidad formuló recomendaciones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para fortalecer el marco regulatorio, promoviendo mayor competencia, transparencia y eficiencia en la formación de precios.

Entre las propuestas se incluye revisar el impacto de la intermediación en los usuarios, ajustar las condiciones del mercado y reforzar el principio de eficiencia económica del servicio público.

Finalmente, la Superintendencia advirtió que, de detectarse incumplimientos legales o regulatorios, se aplicarán las medidas administrativas correspondientes para proteger a los usuarios y garantizar el correcto funcionamiento del sistema energético.