En medio de la emergencia ocasionada por la intensa temporada de lluvias en el norte del país, el Gobierno nacional ordenó a las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y termoeléctrica transferir de manera transitoria un 2% adicional de sus ventas brutas durante seis meses.

La medida, incluida en un proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aplicará a centrales ubicadas en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones donde la alteración de la dinámica hídrica ha generado inundaciones y daños ambientales significativos.

Según el Gobierno, esta transferencia extraordinaria busca garantizar recursos inmediatos para implementar acciones de gestión del riesgo, recuperación ambiental y atención de los impactos sociales derivados de la emergencia climática.

Los recursos serán administrados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que deberán destinarlos exclusivamente a proyectos ambientales. Los lineamientos técnicos se publicarán dentro de los 15 días posteriores a la expedición del decreto y se basarán en criterios como magnitud del daño, urgencia de intervención e impacto ecosistémico.

El Ministerio aclaró que la medida no constituye un nuevo impuesto, sino una contribución compensatoria temporal en el marco de la legislación vigente, que reconoce la responsabilidad del sector eléctrico por el uso de recursos naturales como el agua.

El decreto también contempla ocho medidas adicionales, entre ellas la actualización de instrumentos de manejo ambiental, la incorporación del componente de riesgo en los planes de ordenamiento de cuencas, acciones de restauración ecológica y procedimientos abreviados para obras prioritarias relacionadas con agua y saneamiento.

Aunque la disposición se enfoca en el Caribe, el debate sobre la corresponsabilidad ambiental del sector eléctrico se extiende a otras regiones del país con fuerte presencia hidroeléctrica, donde expertos consideran que este enfoque podría sentar precedentes regulatorios.

El anuncio llega en un contexto de desafíos simultáneos para Colombia: mantener la seguridad energética mientras se fortalece la resiliencia ambiental frente a fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

Con esta medida, el Gobierno busca aumentar la capacidad financiera de las autoridades ambientales para responder de manera rápida a la emergencia, mientras el decreto avanza hacia su revisión jurídica y constitucional.

La discusión de fondo se centra en cómo equilibrar la generación eléctrica con la protección ambiental y cómo garantizar que los territorios afectados por la producción energética cuenten con recursos suficientes para su recuperación.