Bogotá D.C., junio de 2026. La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia abrió un nuevo capítulo para el sector minero-energético, que espera un giro en la política pública hacia la seguridad energética, la recuperación de la confianza inversionista y la ejecución de proyectos estratégicos.

De acuerdo con Portafolio, el sistema eléctrico colombiano requeriría inversiones cercanas a los $60 billones durante la próxima década para ampliar la generación, fortalecer la transmisión y modernizar la distribución. La cifra resume el tamaño del reto que enfrentará el próximo Gobierno si busca garantizar energía suficiente, confiable y competitiva.

La estimación fue presentada por Alejandro Castañeda Cuervo, presidente ejecutivo de Andeg, quien explicó que la inversión proyectada no solo debe responder a la demanda actual, sino preparar al país para una economía con mayor crecimiento, más electrificación y nuevas necesidades energéticas.

Según el dirigente gremial, Colombia necesita garantizar que tiene generación suficiente para no enfrentar apagones en los próximos diez años. Pero el desafío va más allá de evitar una crisis: se trata de construir un sistema capaz de sostener crecimiento económico, industrialización, digitalización y mayor consumo eléctrico.

Una hoja de ruta de $60 billones

La cuenta del sector eléctrico se divide en tres grandes frentes. Cerca de $25 billones deberían destinarse a nuevos proyectos de generación eléctrica, con el fin de asegurar capacidad suficiente para atender el crecimiento de la demanda nacional.

A esa cifra se suman aproximadamente $15 billones en infraestructura de transmisión, un componente clave para transportar energía desde las zonas de generación hasta los grandes centros de consumo. Además, se requerirían cerca de $20 billones para fortalecer las redes de distribución, que son las encargadas de llevar la energía hasta hogares, comercios, industrias e instituciones.

La distribución de la inversión muestra que el reto no se limita a construir más plantas. Colombia también necesita redes capaces de evacuar la energía, conectar nuevos proyectos, reducir restricciones regionales y mejorar la calidad del servicio en los usuarios finales.

Generación: garantizar energía suficiente

El componente de generación concentra la mayor parte de la inversión proyectada, con cerca de $25 billones. Este frente será determinante para responder al crecimiento de la demanda y reducir la vulnerabilidad del sistema frente a fenómenos climáticos como El Niño.

Colombia mantiene una matriz eléctrica con alta participación hidroeléctrica. Esta fortaleza permite contar con energía renovable y competitiva en condiciones normales, pero también aumenta la exposición a periodos de baja hidrología. Por eso, el país requiere nueva capacidad firme, renovables complementarias, respaldo térmico y soluciones de almacenamiento.

El reto será construir una matriz más diversificada, capaz de combinar hidroeléctricas, térmicas, solares, eólicas, almacenamiento, autogeneración y eficiencia energética. La seguridad energética no depende de una sola fuente, sino de un portafolio equilibrado y disponible cuando el sistema lo necesita.

Transmisión: el cuello de botella para conectar energía

La inversión estimada en transmisión, cercana a $15 billones, será clave para superar uno de los principales cuellos de botella del sistema eléctrico colombiano. Sin líneas suficientes, la energía no puede transportarse de manera eficiente desde los proyectos de generación hacia los centros de consumo.

Este problema ha sido señalado por diferentes actores del sector. Proyectos hidroeléctricos, solares y eólicos pueden tener capacidad de generación, pero si las líneas de transmisión no están listas, esa energía no llega oportunamente al sistema o queda limitada por restricciones operativas.

La transmisión también es fundamental para el desarrollo regional. Permite conectar zonas con alto potencial energético, como La Guajira, el Caribe, Antioquia, Santander o los Llanos, con regiones de alta demanda como Bogotá, Cundinamarca, el Valle del Cauca y el centro del país.

Distribución: modernizar la red que llega al usuario

El tercer componente de la hoja de ruta corresponde a la distribución, con necesidades cercanas a $20 billones. Esta inversión apunta a fortalecer las redes que conectan directamente a los usuarios finales.

La distribución enfrenta retos de calidad del servicio, pérdidas, modernización tecnológica, expansión urbana, electrificación rural, digitalización de redes, medición avanzada y atención de nuevas cargas como movilidad eléctrica, centros de datos y autogeneración.

Modernizar la distribución es indispensable para que la transición energética sea visible para los usuarios. No basta con que el país tenga más generación si las redes locales no son confiables, flexibles y capaces de integrar nuevas tecnologías.

Seguridad energética vuelve al centro de la agenda

Para los gremios, la nueva administración deberá poner la seguridad energética en el centro de la política pública. Esto implica garantizar electricidad y gas natural suficientes, recuperar la autosuficiencia, trabajar con todas las fuentes disponibles y crear condiciones para atraer inversión privada.

Castañeda destacó que los primeros mensajes del presidente electo generan confianza, especialmente por la intención de reconocer obligaciones que mantiene el Estado con las empresas eléctricas, incluidas aquellas derivadas de medidas adoptadas durante fenómenos climáticos recientes.

El sector interpreta ese cambio de tono como una oportunidad para reconstruir la relación entre Gobierno y empresas, luego de un periodo marcado por tensiones regulatorias, discusiones tarifarias, retrasos de proyectos y menor confianza inversionista.

Gas natural: abastecimiento y exploración regresan al debate

Las expectativas de cambio también se extienden al sector del gas natural. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, señaló que existe coincidencia en un aspecto fundamental: Colombia necesita consolidar una política de seguridad energética de largo plazo.

La dirigente gremial explicó que el país enfrenta un desafío inmediato por el Fenómeno de El Niño, pero también un problema estructural relacionado con la necesidad de aumentar la oferta de gas para atender la demanda del sistema eléctrico y del mercado nacional.

Para Naturgas, el país cuenta con recursos, experiencia técnica e infraestructura, pero necesita consensos, reglas estables y decisiones que permitan convertir recursos en reservas y proyectos en suministro efectivo. El reto es acelerar la exploración, producción, transporte, regasificación y desarrollo de proyectos costa afuera.

Costa afuera y Ecopetrol, piezas de la estrategia

En el nuevo escenario político, analistas prevén una reactivación de la exploración y producción de petróleo y gas, así como un mayor impulso a proyectos costa afuera en el Caribe. Estos proyectos podrían ser determinantes para aumentar la disponibilidad de gas natural en el mediano y largo plazo.

Bajo esta perspectiva, Ecopetrol podría fortalecer su negocio principal con una política más favorable al desarrollo de hidrocarburos, sin que ello implique abandonar la transición energética. La discusión de fondo será cómo equilibrar seguridad energética, sostenibilidad, inversión y responsabilidad ambiental.

El gas natural será especialmente importante porque funciona como respaldo para la generación térmica, combustible para industria, insumo para hogares y puente para una transición energética más ordenada.

Acolgen advierte margen negativo de energía firme

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, advirtió que el sistema eléctrico enfrenta un margen negativo de energía firme y que las decisiones deberán tomarse con rapidez.

La dirigente recordó que Colombia está próxima a enfrentar un Fenómeno de El Niño y que el sector ha advertido esta situación desde hace más de cuatro años. En su criterio, el país necesita reaccionar rápidamente para superar el periodo climático y recuperar la confiabilidad en el mediano y largo plazo.

La energía firme es la capacidad del sistema para garantizar suministro incluso en condiciones críticas, como sequías, baja hidrología o indisponibilidades de generación. Si el margen es negativo, el sistema opera con menos holgura para responder ante eventos extremos.

Demanda crece más rápido que la oferta

Uno de los problemas estructurales señalados por los gremios es que la demanda eléctrica viene creciendo a un ritmo superior al de la oferta disponible. Este desbalance aumenta el riesgo de estrechez, presión sobre precios y menor capacidad para atender nuevas cargas.

Colombia necesita energía para industrias, hogares, comercio, movilidad eléctrica, digitalización, centros de datos, infraestructura pública y crecimiento regional. Si la oferta no acompaña ese crecimiento, el país puede enfrentar restricciones, pérdida de inversión y menor competitividad.

Por eso, la inversión de $60 billones debe entenderse como una apuesta por desarrollo económico. La energía no es solo un servicio público; es la base de la productividad, la industrialización y la generación de empleo.

Carbón pide transición energética con enfoque técnico

Desde el sector carbonero, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, señaló que una de las principales expectativas está en redefinir el concepto de transición energética.

Para el gremio, el nuevo Gobierno debería construir una relación con el sector privado en la que prime lo técnico sobre lo ideológico. Cante sostuvo que la industria espera ser vista como aliada del desarrollo regional y nacional, especialmente por su aporte al empleo, las regalías, las exportaciones y la economía de territorios mineros.

La discusión sobre carbón y coque continuará siendo sensible. Por un lado, Colombia debe avanzar en descarbonización; por otro, el sector pide reconocer los tiempos de los mercados energéticos y el impacto económico de decisiones que afecten competitividad.

Recuperar confianza para atraer capital

Una inversión de $60 billones en diez años requerirá capital privado, financiación, reglas estables, señales tarifarias claras y ejecución oportuna. Ningún plan de expansión energética será viable si no existe confianza para invertir.

Los gremios consideran que el nuevo Gobierno deberá reducir incertidumbre regulatoria, respetar compromisos, acelerar trámites y garantizar que los proyectos puedan recuperar sus inversiones. La confianza será clave para atraer capital nacional e internacional.

También será necesario fortalecer la coordinación institucional entre MinEnergía, UPME, CREG, ANLA, XM, empresas, comunidades y autoridades territoriales. La expansión energética suele demorarse cuando estas instancias no actúan de manera sincronizada.

El empalme será decisivo para definir prioridades

El proceso de empalme con la administración entrante será clave para definir las primeras decisiones. El sector espera que allí se aborden temas urgentes como pagos pendientes, abastecimiento de gas, entrada de proyectos, transmisión, confiabilidad, tarifas y reglas de inversión.

También se espera que el nuevo Gobierno defina una hoja de ruta clara sobre transición energética. El sector privado no plantea detener la transición, sino orientarla con criterios de seguridad, gradualidad, competitividad y sostenibilidad fiscal.

En la práctica, el empalme deberá separar medidas coyunturales, como atender El Niño y riesgos de abastecimiento, de reformas estructurales, como ampliar la oferta de gas, modernizar redes, acelerar renovables y fortalecer el mercado eléctrico.

Una década para reconstruir seguridad energética

La cifra de $60 billones muestra que el reto energético no se resolverá en pocos meses. Colombia necesita una década de inversión sostenida para reforzar generación, transmisión y distribución, mientras atiende presiones inmediatas por clima, gas y demanda.

La hoja de ruta deberá combinar proyectos de corto plazo para proteger confiabilidad, con inversiones de largo plazo que permitan sostener una economía más electrificada. La seguridad energética requiere anticipación, no reacción.

Para el sector eléctrico, el nuevo Gobierno tendrá la oportunidad de recuperar confianza, atraer inversión y ejecutar proyectos que llevan años rezagados. Pero esa oportunidad dependerá de decisiones tempranas, coordinación técnica y capacidad de generar consensos.

Energía como base del crecimiento económico

La discusión de fondo es qué tipo de economía quiere construir Colombia. Una economía que crezca, industrialice regiones, atraiga centros de datos, electrifique transporte, aumente productividad y genere empleo necesita energía abundante, confiable y competitiva.

Por eso, los gremios insisten en que seguridad energética y transición energética no son conceptos opuestos. La transición debe avanzar, pero con respaldo, redes, gas, almacenamiento, inversión privada y fuentes suficientes para evitar riesgos de desabastecimiento.

El nuevo Gobierno recibirá un sector con alertas, pero también con oportunidades. Colombia tiene potencial hidroeléctrico, solar, eólico, térmico, gasífero y minero; el desafío será convertir ese potencial en proyectos reales, energía disponible y beneficios para usuarios y empresas.

Con una necesidad estimada de $60 billones en diez años, el sector eléctrico plantea una hoja de ruta clara: invertir en generación, transmisión y distribución para recuperar seguridad energética, sostener el crecimiento de la demanda y reconstruir la confianza que necesita el país para no quedarse sin energía en la próxima década.