En el marco del Estado de Emergencia Económica, el Gobierno Nacional expidió el decreto legislativo 0044 del 21 de enero de 2026, una medida que ha generado profunda preocupación en el sector eléctrico colombiano por su impacto financiero y operativo.

El decreto busca enfrentar la crisis de liquidez que afecta al sector, especialmente en la región Caribe y en empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como Air-e. No obstante, los mecanismos adoptados han encendido las alarmas entre los generadores de energía.

El documento introduce dos artículos clave. El primero establece una contribución parafiscal del 2,5 % sobre la utilidad obtenida en la vigencia 2025 por las empresas que desarrollan actividades de generación de energía eléctrica. Esto implica que las compañías deberán transferir al Estado una porción directa de sus ganancias.

Artículo 1: Contribución parafiscal

Esta contribución tendrá destinación específica para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, con el objetivo de garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

La tarifa será del 2,5 % sobre la base gravable y se causará el 2 de febrero de 2026. El pago se realizará en dos etapas: un primer abono del 1,25 % en febrero de 2026, con base en los estados financieros de 2024, y un segundo pago del 1,25 % en mayo de 2026, tras la presentación de los estados financieros consolidados de 2025.

Artículo 2: Contraprestación tributaria en energía

El segundo artículo es el que mayor inquietud genera en el gremio. Este crea, durante la vigencia fiscal de 2026, una contraprestación tributaria en especie que obliga a las empresas generadoras hidráulicas a entregar energía eléctrica de forma gratuita.

El aporte corresponde al 12 % de la energía efectivamente vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista durante 2026. Esta energía será distribuida mensualmente entre las empresas intervenidas, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.

Aunque el decreto establece que esta medida no podrá trasladarse a la tarifa ni afectar el despacho económico o la formación de precios del mercado, el sector advierte que la entrega gratuita de energía sí podría impactar la sostenibilidad financiera de los generadores.

Desde el Gobierno se sostiene que estas disposiciones buscan asegurar la prestación del servicio eléctrico ante una situación crítica que amenaza la continuidad del suministro en el país, con énfasis en el Caribe. Sin embargo, los agentes del mercado alertan que las medidas podrían generar distorsiones y desincentivar la inversión en generación.