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Trámites hacen que proyectos de energía se demoren hasta 50 % más en tiempo, lo que desincentiva la inversión
La complejidad regulatoria y la falta de coordinación institucional se han posicionado como los principales obstáculos para la inversión en el sector energético en Colombia. Según Corficolombiana, trámites prolongados, inestabilidad normativa y falta de articulación están retrasando la ejecución de los proyectos, limitando la capacidad del país para atraer capital y expandir su infraestructura energética.
Estos retrasos se derivan de procesos como consultas previas, permisos sectoriales y licenciamiento ambiental. La entidad recordó que desde 2018 se advertía sobre la creciente inestabilidad normativa y la incertidumbre en los tiempos asociados a evaluaciones ambientales y consultas previas, afectando directamente a sectores como energía y minería.
La corporación financiera señaló que estos problemas se han intensificado. Las autoridades se han fragmentado, los procesos se han vuelto más complejos y se han acumulado nuevas exigencias regulatorias. SER Colombia, el gremio de energías renovables, afirmó que la entrada en operación de un proyecto sin licencia ambiental puede tomar entre dos y cinco años, mientras que con licencia puede demorar entre tres y siete años, un incremento del 40 % al 50 %.
Entre 2021 y 2024, la diferencia entre la capacidad energética esperada y la que realmente se incorporó al sistema representó una pérdida de inversión estimada de hasta $74 billones. En 2021, por ejemplo, se proyectó la entrada de 1,87 gigavatios, equivalentes a $8,4 billones; sin embargo, solo ingresaron 0,13 gigavatios, es decir, apenas el 5 % de la inversión esperada.
Corficolombiana enfatizó que la ausencia de regulaciones ágiles y el aumento en las exigencias de los procesos se han convertido en uno de los principales cuellos de botella para el crecimiento energético del país.
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Tanto los empresarios como los gremios energéticos coinciden en que las resoluciones y acciones que simplifiquen y aceleren estos procedimientos son un impulso determinante para la competitividad del sector. Esto permitiría aumentar la inversión, mejorar la infraestructura y garantizar que Colombia cuente con la energía necesaria para atender la creciente demanda nacional.
