Bogotá D.C., agosto de 2026. Colombia llegará al próximo Gobierno con un reto energético que atraviesa buena parte de la economía: recuperar capacidad suficiente de generación eléctrica, producción de gas, exploración de hidrocarburos, infraestructura de transporte y sostenibilidad financiera para atender la demanda nacional.

De acuerdo con Portafolio, el diagnóstico está recogido en la Agenda del Sector Privado al Próximo Gobierno, elaborada por el Consejo Gremial. El documento plantea que la seguridad energética debe convertirse en una política de Estado de largo plazo, con acciones simultáneas en gas, petróleo, electricidad, redes, subsidios y prestación del servicio en la Región Caribe.

La discusión ya no se limita a la velocidad de la transición energética. El desafío central consiste en garantizar que hogares, comercios, industrias, sistemas de transporte y regiones productivas tengan acceso a energía suficiente, confiable, asequible y competitiva mientras se incorporan nuevas fuentes a la matriz.

La agenda privada advierte que el país enfrenta un escenario de menor disponibilidad de gas nacional, caída de inversión exploratoria, retrasos en proyectos de generación y transmisión, déficit de energía firme y obligaciones acumuladas que presionan la caja de las empresas del sector.

Seguridad energética como política de Estado

El sector privado plantea que la seguridad energética debe dejar de depender de decisiones coyunturales y convertirse en una política pública estable, con reglas claras, cronogramas previsibles y coordinación institucional.

Esto implica actuar al mismo tiempo sobre oferta, infraestructura, tarifas, subsidios, combustibles, confiabilidad eléctrica y sostenibilidad financiera. La energía es un insumo esencial para la vida diaria y para la competitividad del país; por eso, cualquier déficit o retraso tiene efectos sobre inflación, empleo, inversión y productividad.

La agenda gremial propone una hoja de ruta que combine transición energética con suficiencia de abastecimiento. Es decir, avanzar en renovables, bioenergía, biogás, biometano, almacenamiento y nuevas tecnologías, sin retirar anticipadamente fuentes que hoy aportan firmeza al sistema.

Hidrocarburos: menor producción e inversión exploratoria

Uno de los primeros frentes es el sector de hidrocarburos. Según el diagnóstico citado por Portafolio, en el segundo trimestre de 2025 el sector se contrajo 5,7% frente al mismo periodo de 2024 y completó cinco trimestres consecutivos con variaciones interanuales negativas en su aporte al PIB.

La producción fiscalizada de petróleo promedió 747.000 barriles diarios, una caída de 4,3% anual. A la vez, las exportaciones de petróleo y derivados sumaron US$6.490 millones, con una reducción de 15%.

Aunque los hidrocarburos siguieron aportando a la inversión extranjera directa, con US$1.514 millones durante el primer semestre de 2025, la inversión exploratoria proyectada cayó a US$740 millones, su nivel más bajo en cuatro años y 18% menos que en 2024.

Gas natural: reservas ajustadas e importaciones crecientes

El gas natural se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la agenda. Las reservas probadas se redujeron durante la última década y la relación reservas-producción se ubicó en 5,9 años, de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Esta cifra preocupa porque el gas no solo se usa para hogares, comercios, vehículos e industrias. También cumple una función de respaldo para el sistema eléctrico, especialmente cuando disminuye la generación hidráulica o cuando aumenta la demanda por condiciones climáticas.

Naturgas ha advertido que en 2026 Colombia necesitaría importar alrededor del 26% del total de la demanda nacional de gas, lo que muestra que la autosuficiencia del combustible ya enfrenta una presión estructural.

Offshore, exploración y transporte de gas

Para enfrentar el déficit de gas, la agenda del sector privado propone acelerar los proyectos offshore, especialmente aquellos ubicados en el Caribe colombiano. Estos proyectos podrían aportar nuevas fuentes de gas nacional, pero requieren licenciamiento, permisos marítimos, infraestructura y condiciones comerciales para evacuar la producción.

El documento también plantea reactivar exploración y producción, abrir nuevas áreas, establecer reglas claras, fortalecer contratos de estabilidad y generar cronogramas previsibles para los inversionistas.

En paralelo, propone aumentar la capacidad de transporte y almacenamiento de gas para que puedan coexistir la producción nacional, las importaciones y los gases renovables. Sin infraestructura suficiente, incluso una mayor oferta puede quedar desconectada de los usuarios que la necesitan.

Electricidad: déficit de energía firme

En electricidad, el panorama también muestra señales de alerta. El balance entre oferta y demanda elaborado por XM evidencia insuficiencia de Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad.

Según Portafolio, el déficit estimado sería de 2,3% para 2026, 4,4% para 2027 y 6,8% para 2030. Esta brecha indica que el sistema requiere nueva capacidad firme para atender la demanda en condiciones críticas.

XM ha advertido además un déficit de 3.906 GWh/año para el periodo 2026-2027, lo cual sugiere la posibilidad de no contar con recursos suficientes para atender la demanda máxima nacional durante el verano 2026-2027.

Cargo por Confiabilidad y nuevas subastas

El Cargo por Confiabilidad es el mecanismo diseñado para promover inversiones en generación eléctrica y asegurar que existan plantas disponibles para atender la demanda en condiciones críticas de abastecimiento.

La agenda gremial propone retomar subastas de cargo por confiabilidad y capacidad para incorporar nueva energía firme, reforzar la confiabilidad del sistema y crear condiciones para que los proyectos lleguen efectivamente a operación.

La prioridad, según los agentes del sector, es evitar que el país llegue a escenarios de demanda creciente sin suficiente respaldo firme. En palabras de Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el reto fundamental del próximo Gobierno es “no dejar apagar el país”.

Nuevos proyectos entran más lento de lo esperado

Otro problema es el bajo ritmo de entrada de nuevos proyectos de generación. Durante los últimos cinco años, el promedio de incorporación de capacidad ha estado por debajo del 18% de lo esperado cada año.

Según los datos citados por Portafolio, en 2021 ingresó el 7% de la capacidad prevista; en 2022, el 28%; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%; en 2025, el 10,8%; y en lo corrido de 2026, apenas el 6,3%.

Esta demora aumenta el riesgo de que la demanda crezca más rápido que la capacidad disponible. La entrada tardía de proyectos también encarece la operación, reduce márgenes de reserva y limita la capacidad del sistema para responder a eventos climáticos como El Niño.

Transmisión: líneas con retrasos de hasta 13 años

La generación no es suficiente si la energía no puede transportarse. Por eso, la agenda privada advierte que la transmisión eléctrica acumula retrasos de hasta 13 años en líneas nacionales y de 11 años en transmisión regional.

Para que una nueva central entregue energía al sistema se necesitan líneas, subestaciones, conexiones y permisos que permitan llevar la electricidad hasta los centros de consumo.

Este cuello de botella ya afecta la conexión de nueva demanda, la entrada de renovables y la confiabilidad de regiones como Bogotá, la Sabana de Cundinamarca, el Caribe y otras zonas de alto crecimiento.

Matriz diversificada, pero sin retirar firmeza

El Consejo Gremial propone ampliar y diversificar la matriz energética con renovables, bioenergía, biogás, biometano, almacenamiento y nuevas tecnologías.

Sin embargo, el documento plantea que esa diversificación debe hacerse bajo el principio de sumar capacidad sin retirar anticipadamente las fuentes que actualmente aportan firmeza al sistema.

Este punto refleja una discusión central de la transición energética: incorporar fuentes limpias y modernas, pero mantener suficiente respaldo para atender la demanda en horas sin sol, periodos secos, picos de consumo o contingencias operativas.

Fracking y yacimientos no convencionales entran en la agenda

La agenda privada también plantea establecer un marco jurídico y técnico para los yacimientos no convencionales y el fracking. La propuesta incluye remover restricciones, revisar normas técnicas, definir reglas ambientales y ofrecer estabilidad jurídica para los contratos.

Este punto será uno de los más debatidos por sus implicaciones ambientales, sociales y políticas. Sus defensores lo ven como una alternativa para reponer reservas y fortalecer la autosuficiencia energética; sus críticos advierten riesgos para agua, ecosistemas, comunidades y transición climática.

Cualquier decisión sobre yacimientos no convencionales exigirá información técnica rigurosa, participación ciudadana, transparencia ambiental y reglas de responsabilidad claras.

Julio César Vera: exploración debe ser prioridad

Para el experto Julio César Vera, la exploración y explotación de hidrocarburos debe jugar un papel fundamental en la política energética del próximo Gobierno, no solo para fortalecer la seguridad energética, sino también la soberanía del país.

Vera propone nuevas rondas de asignación de áreas, impulso a proyectos de recobro, mejores condiciones de competitividad y mayor seguridad operativa en los territorios.

En gas, plantea acelerar tanto la producción nacional como las alternativas de importación mientras entran nuevos proyectos, reconociendo que el país necesita cubrir la demanda de corto plazo sin abandonar la meta de recuperar oferta local.

Combustibles líquidos, biocombustibles y GLP

El frente de combustibles líquidos también aparece en la agenda. Vera propone una nueva etapa para los biocombustibles, reglas de precios asociadas al costo de oportunidad y mecanismos para diversificar importaciones, teniendo en cuenta las restricciones de la capacidad de refinación nacional.

En GLP, la propuesta es aumentar la oferta local y desarrollar mecanismos de importación e internación que permitan cubrir la demanda futura.

Este enfoque reconoce que la seguridad energética no depende solo de electricidad y gas natural. Los combustibles líquidos y el GLP siguen siendo esenciales para transporte, cocción, industria, logística, zonas rurales y hogares que no tienen acceso a gas por red.

Obligaciones acumuladas por $9,2 billones

La sostenibilidad financiera del sector es otro frente crítico. Según Andesco, las obligaciones acumuladas ascienden a $9,2 billones, una cifra que pone presión sobre empresas de energía y gas natural.

De ese total, $3,5 billones corresponden a subsidios de energía y gas pendientes de pago; $2,2 billones, a la opción tarifaria; $1,4 billones, a deudas de entidades oficiales; y $2,1 billones, a la crisis de Air-e.

El Consejo Gremial propone que el Estado apropie y pague esas obligaciones para aliviar la caja de las empresas y evitar que las deudas acumuladas se trasladen a otros eslabones de la cadena energética.

Revisión de subsidios y consumo básico

La agenda también plantea revisar la focalización de los subsidios, los porcentajes aplicados a usuarios de menores ingresos y el consumo básico de subsistencia.

El objetivo es proteger a los hogares vulnerables sin comprometer la sostenibilidad financiera de los prestadores ni acumular deudas que afecten la operación.

Una política de subsidios mal financiada puede convertirse en un riesgo sistémico: las empresas siguen prestando el servicio, pero no reciben a tiempo los recursos que el Estado debe reconocer.

Región Caribe: solución estructural pendiente

La Región Caribe tiene un capítulo específico dentro de la agenda. El documento plantea una solución estructural para la prestación del servicio eléctrico, con participación del Gobierno nacional, autoridades regionales y municipios.

El objetivo es definir un esquema que garantice sostenibilidad para el operador o los operadores, mejore recaudo, reduzca pérdidas, atienda inversiones pendientes y proteja a los usuarios.

La crisis de Air-e hace evidente que el problema del Caribe no se resuelve únicamente con cambios de operador. Requiere financiación, control de pérdidas, inversión en redes, pago de obligaciones, gestión territorial y un modelo sostenible de prestación.

Próximo Gobierno operará en modo crisis

Alejandro Lucio, experto del sector, resume el escenario señalando que el nuevo Gobierno entrará a operar en “modo crisis” en materia energética.

Su lista de tareas incluye gestionar restricciones de oferta de electricidad, gas y combustibles líquidos; aliviar la presión de caja de los agentes; garantizar pagos pendientes de subsidios; atender empresas intervenidas; y avanzar en una solución para la demanda eléctrica del Caribe.

También propone priorizar la entrada de proyectos de generación y transmisión, poner en operación infraestructura para importar gas y coordinar a las entidades responsables de proyectos estratégicos.

El Niño aumenta la urgencia

La posible ocurrencia del Fenómeno de El Niño hace más urgente la agenda energética. Este evento puede reducir aportes hídricos, elevar temperaturas, aumentar demanda eléctrica y presionar la generación térmica.

Si el país enfrenta El Niño con déficit de energía firme, baja oferta de gas nacional, retrasos de transmisión y deudas acumuladas, los riesgos de confiabilidad y costo aumentan.

Por eso, la agenda privada insiste en que la próxima administración debe actuar rápido para recuperar abastecimiento y reducir vulnerabilidades antes de que el sistema opere con márgenes más estrechos.

Infraestructura como vínculo entre oferta y demanda

Un punto transversal del diagnóstico es que la infraestructura conecta la oferta disponible con los usuarios. De nada sirve tener gas, petróleo o generación eléctrica si no existen redes, ductos, subestaciones, terminales, almacenamiento o líneas para mover esa energía.

En electricidad, esto implica ampliar los sistemas de transmisión nacional y regional, mejorar la coordinación entre proyectos de generación y redes, y acelerar conexiones.

En gas, implica construir transporte, almacenamiento, facilidades de importación y sistemas que permitan integrar producción nacional, importaciones y gases renovables.

Una transición que también necesita respaldo

La transición energética requiere fuentes limpias, pero también necesita respaldo, redes y estabilidad financiera. Si las renovables entran sin transmisión, almacenamiento o capacidad firme complementaria, su aporte puede quedar limitado.

Por eso, el sector privado propone sumar tecnologías sin retirar de forma anticipada las fuentes que aportan confiabilidad. La meta es construir una matriz más limpia y diversificada sin debilitar el abastecimiento.

El debate para el próximo Gobierno será cómo acelerar la transición sin poner en riesgo la suficiencia energética ni aumentar costos para usuarios y empresas.

Un reto económico, no solo energético

La energía incide en toda la economía. Si falta gas, se afectan hogares, industrias, transporte y generación térmica. Si falta electricidad firme, se afecta la producción, el comercio, los servicios y la inversión. Si las tarifas suben, se presionan la inflación y el costo de vida.

Por eso, la agenda energética que recibirá el próximo Gobierno será también una agenda de competitividad, productividad, estabilidad fiscal y bienestar social.

Recuperar el abastecimiento implica coordinar decisiones de política pública, regulación, inversión privada, licenciamiento ambiental, comunidades, financiación y operación técnica.

Colombia entra en una etapa decisiva para su seguridad energética. El próximo Gobierno deberá enfrentar al mismo tiempo déficit de gas, menor exploración, atrasos de generación y transmisión, obligaciones acumuladas por $9,2 billones, crisis en la Región Caribe y necesidad de nuevas subastas de confiabilidad. La hoja de ruta propuesta por el sector privado apunta a recuperar oferta, destrabar infraestructura, pagar deudas, revisar subsidios y garantizar que la transición energética avance sin comprometer el suministro.