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El Gobierno colombiano analiza restablecer la contribución del 20% en la tarifa de energía para sectores industriales, agropecuarios y de servicios públicos. Según el Ministerio de Hacienda, la medida busca un ahorro fiscal de $1,2 billones anuales, aunque expertos advierten riesgos para la competitividad y el costo de vida.
El borrador del decreto estima que con el regreso de la contribución del 20% en el servicio de energía eléctrica, el Estado lograría un ahorro fiscal de $1,2 billones al año. De este modo se pretende reducir el costo de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, gremios como Andeg y expertos del sector alertan que esta decisión encarecería los costos de producción y terminaría afectando al consumidor final.
Según el documento, el costo fiscal de la exención actual asciende a $3 billones anuales, y con el nuevo esquema solo el sector de las manufacturas se mantendría exento. Esto implicaría que sectores como agro, minas, construcción y telecomunicaciones vean incrementos en sus costos operativos.
Impactos previstos en sectores económicos
- Industria manufacturera: incremento del 0,31% en costos de producción.
- Explotación de minas y canteras: aumento del 0,18% en costos, con altos márgenes tras impuestos (9,8%).
- Agropecuario: impacto del 0,13% en costos, con ejemplos de alzas del 20% en facturas de energía.
- Construcción: incremento del 0,09% en costos, pese a beneficios tributarios superiores a $2,5 billones en 2023.
- Telecomunicaciones: aumento del 0,06% en costos, con una baja tasa efectiva de tributación (20,8%).
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó que este tributo ya había sido eliminado en 2010 y su regreso afectará la competitividad: “En lugar de focalizar los subsidios mal dirigidos, el Gobierno opta por cobrar más a sectores industriales que ya tenían el beneficio de no contribución”.
Por su parte, el exministro de Minas y Energía, Amykar Acosta, advirtió que la medida encarecería el servicio en un 20% para las empresas: “El MHCP y la Dian están por recaudar $1,2 billones, pero esto golpeará directamente al sector industrial, que ya viene en caída”.
El impacto del decreto no solo se reflejaría en mayores costos para las empresas, sino también en una posible pérdida de competitividad para sectores clave de la economía. Analistas advierten que parte de los sobrecostos podría trasladarse al consumidor, incrementando los precios de bienes y servicios.
El decreto aún se encuentra en etapa de comentarios públicos, por lo que gremios y ciudadanos podrán presentar observaciones antes de su expedición final.
