Foto tomada de: El Colombiano
El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional plantea nuevas contribuciones especiales para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Invima. El objetivo es cubrir el déficit financiero del Fondo Empresarial, principalmente para atender la crisis de la empresa de energía Air-e en la región Caribe.
Actualmente, el Fondo Empresarial de Superservicios tiene bajo toma de posesión a 13 empresas de servicios públicos en distintas regiones del país. Estas entidades requieren recursos urgentes para garantizar la continuidad de los servicios, pero los compromisos financieros proyectados superan los ingresos disponibles para 2025.
El déficit estimado asciende a $5,36 billones, de los cuales $5,23 billones corresponden únicamente a Air-e, es decir, el 97,65% del total. Este panorama refleja la magnitud de los problemas económicos que enfrenta el operador de energía en el Caribe y la necesidad de mayores fuentes de financiación.
Superservicios y la atención a empresas intervenidas
La reforma tributaria busca fortalecer el presupuesto del Fondo Empresarial de Superservicios para garantizar recursos estables. La insuficiencia actual de fondos impide aplicar soluciones estructurales a los problemas financieros, técnicos y operativos de las empresas bajo intervención.
El rol del Invima en la reforma
En el caso del Invima, se propone una contribución especial asociada al servicio de vigilancia sanitaria. Con estos recursos se busca fortalecer la capacidad operativa de la entidad, en aspectos como infraestructura tecnológica, equipos de laboratorio, seguridad de la información y contratación de nuevo personal.
Según el texto de la reforma, la baja apropiación presupuestal en los últimos años ha limitado la gestión del Invima, lo que hace necesario un esquema de financiación que asegure su sostenibilidad y permita responder a la creciente demanda de servicios de inspección y control.
La propuesta tributaria no solo busca cubrir el déficit del sector eléctrico con la crisis de Air-e, sino también garantizar la modernización del Invima. Ambos frentes son considerados estratégicos para mantener la continuidad de los servicios públicos y asegurar la salud pública en Colombia.
