Foto tomada de: Valora Analitik
Se define el futuro de la reforma a las tarifas de energía del Gobierno Petro
Sector: Energía / Regulación
El proyecto del Gobierno busca modificar subsidios, la conformación de la CREG y el cargo por confiabilidad, con miras a entrar en vigencia en 2026.
Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2025. La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes definirá el rumbo de la reforma a las tarifas de energía impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El proyecto, que debía votarse el 15 de diciembre, fue aplazado para este martes y marcaría un cambio estructural en la regulación del sector eléctrico colombiano.
La iniciativa plantea ajustes centrales como la modificación del esquema de subsidios, medidas para evitar la volatilidad de precios por causas no técnicas como el robo de energía, cambios en la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y ajustes al cargo por confiabilidad que pagan los usuarios en sus facturas.
El ponente del proyecto, José Octavio Cardona, representante del Partido Liberal, explicó que en materia de subsidios se propone retirarlos a usuarios que superen un umbral mensual de consumo, bajo el argumento de que existen hogares con altos niveles de gasto energético que hoy reciben beneficios estatales.
Cambios en la CREG y mayor participación social
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la modificación en la estructura de la CREG. El proyecto propone una mayor “democratización” del organismo mediante la inclusión de representantes de la academia, los sindicatos y los usuarios, además de los expertos técnicos.
De aprobarse la iniciativa, la comisión pasaría a tener ocho comisionados: cinco expertos con dedicación exclusiva designados por el presidente, y tres representantes de los sectores mencionados, todos con periodos de cuatro años.
Cardona defendió esta propuesta señalando que los nuevos integrantes cumplirían requisitos técnicos y profesionales estrictos, y que su elección por votación fortalecería la legitimidad del regulador.
No obstante, algunos sectores han advertido que el aumento de comisionados implicaría mayores costos para el Estado y podría afectar la agilidad técnica del organismo, el cual fue concebido para tomar decisiones regulatorias especializadas y alineadas con la política pública.
Opción tarifaria y cargo por confiabilidad
En relación con la opción tarifaria, el proyecto contempla dos alternativas: que la deuda sea asumida por los usuarios deudores, mayoritariamente de estratos uno y dos, o que los usuarios con mayor capacidad de pago asuman ese costo. Según el ponente, este punto aún debe ser ampliamente debatido.
Sobre el cargo por confiabilidad, Cardona señaló que las generadoras deberán explicar el destino de los recursos recaudados. Afirmó que, si el sistema requiere más recursos, el debate debería centrarse en una justificación técnica clara y no en simples ajustes al valor del cargo.
Desde el sector empresarial, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, ha advertido que cambios recientes en este esquema ya afectaron la confianza de los inversionistas, reduciendo el atractivo de las subastas y alterando las reglas de juego del sector eléctrico.
Transparencia tarifaria y cronograma legislativo
Entre otras proposiciones avaladas se incluye la obligación para las empresas de publicar semestralmente su estructura tarifaria desagregada, detallando costos de generación, transmisión, distribución, comercialización y pérdidas técnicas, tanto en sus sitios web como en las facturas.
Además, el Ministerio de Minas y Energía deberá formular políticas para reducir la exposición de los usuarios a la volatilidad del mercado eléctrico, promover contratos de largo plazo y reglamentar compras unificadas de energía para la demanda regulada.
Según el calendario legislativo, la votación del primer debate se realizaría este 16 de diciembre de 2025. Tras el receso del Congreso, el segundo debate se retomaría en abril de 2026, con miras a una eventual sanción presidencial antes del 7 de agosto de 2026. No obstante, el proyecto podría extender su trámite hasta junio de 2027.
