Reforma tarifaria no bajaría costos y afectaría a usuarios: alerta Ceera
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El Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (Ceera) emitió una alerta sobre el nuevo proyecto de ley del régimen tarifario que propone el Ministerio de Minas y Energía. Según la entidad, esta iniciativa no reduciría las tarifas de energía y podría afectar negativamente a los usuarios y al sistema energético.
Ceera advierte que el proyecto introduce distorsiones innecesarias en la definición tarifaria, generando duplicidades de funciones y debilitando competencias institucionales entre el MinEnergía, la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos.
“No vemos en esta propuesta una solución que resuelva los problemas tarifarios actuales. En su estado actual, el proyecto no es viable y no es oportuna su adopción”, afirmó Ángela María Sarmiento, directora ejecutiva de Ceera.
Una de las preocupaciones más importantes radica en los cambios al sistema de estratificación, que podrían generar errores de inclusión, afectando a usuarios con alta movilidad habitacional o consumos atípicos. Esto podría derivar en la pérdida de subsidios o el pago injusto de contribuciones.
Además, la propuesta de que los estratos 4, 5 y 6 asuman el pago de la opción tarifaria va en contra de normas constitucionales, según Ceera, generando un doble aporte contributivo que podría tener efectos regresivos en la equidad del sistema.
Otra preocupación recae en la posible diferenciación de remuneración según el tipo de empresa (pública o privada), lo que afectaría la neutralidad tarifaria establecida en la Ley 142 de 1994, incentivando prácticas contrarias al principio de equidad.
Finalmente, Ceera expresa su rechazo a los cambios propuestos en la conformación de la CREG, los cuales debilitarían los requisitos técnicos para sus comisionados, afectando la calidad de las decisiones regulatorias.
La organización hace un llamado a repensar la iniciativa con base en evidencia técnica, análisis actualizados y un conocimiento profundo del mercado eléctrico colombiano. Propone fomentar la competencia, mejorar la formación de precios e incentivar una contratación más eficiente.