Foto: IStock
El Congreso de la República estudia un proyecto de ley que propone modificar la Ley 142 de 1994, enfocándose en mejorar las condiciones de los usuarios de servicios públicos domiciliarios mediante ajustes en subsidios, facturación y eficiencia energética.
La iniciativa, que actualmente se encuentra en primer debate en la Comisión Sexta del Senado, busca actualizar la legislación vigente para adaptarse a las necesidades actuales de los usuarios y promover una prestación más equitativa y eficiente de los servicios públicos en Colombia.
Uno de los principales cambios propuestos es la modificación del consumo de subsistencia en el sector eléctrico. Se plantea ajustar los niveles de consumo subsidiado según la altitud de las viviendas, con el objetivo de garantizar un acceso básico a la energía para todos los hogares, especialmente en zonas más cálidas del país.
Aspectos destacados de la propuesta
- Incremento gradual del consumo de subsistencia para viviendas en alturas inferiores a 500 metros sobre el nivel del mar, alcanzando 230 kWh/mes en tres años.
- Modificaciones en la facturación de servicios públicos, estableciendo plazos mínimos entre la entrega de la factura y la fecha de pago, así como entre el pago y la posible suspensión del servicio.
- Prohibición de cobros por reconexión o reinstalación cuando no se haya efectuado una suspensión efectiva del servicio.
- Obligación para las empresas prestadoras de investigar desviaciones significativas en el consumo antes de emitir facturas con valores atípicos.
- Implementación de etiquetado de eficiencia en electrodomésticos que utilizan agua, promoviendo el uso responsable de este recurso.
Con esta reforma, se busca fortalecer la transparencia y equidad en la prestación de servicios públicos, asegurando que los usuarios reciban información clara y precisa sobre sus consumos y tarifas. Además, se pretende fomentar la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos, contribuyendo al bienestar de las comunidades y al desarrollo sostenible del país.
La propuesta aún debe superar varios debates en el Congreso antes de convertirse en ley. Sin embargo, representa un paso significativo hacia la modernización del marco legal de los servicios públicos en Colombia, con un enfoque centrado en los derechos y necesidades de los usuarios.
