El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, una iniciativa que busca modernizar el sistema eléctrico colombiano, garantizar tarifas más justas y mejorar la focalización de los subsidios para los usuarios.

Impulsado por el Ministerio de Minas y Energía, el texto propone cambios estructurales a las Leyes 142 y 143 de 1994, bases normativas de los servicios públicos domiciliarios en el país.

El objetivo principal del proyecto es corregir los desequilibrios tarifarios, mejorar la focalización de los subsidios y evitar cobros injustificados en las facturas de energía.

Estratos altos asumirían deuda tarifaria

Uno de los puntos más relevantes es la mitigación de los efectos de la Opción Tarifaria, mecanismo que permitió diferir aumentos en las tarifas durante años, generando una deuda acumulada que afecta principalmente a los estratos más bajos.

El proyecto propone que, de forma excepcional, los usuarios de estratos 5 y 6, los grandes consumidores no residenciales y los usuarios no regulados asuman esa deuda, bajo el principio constitucional de solidaridad.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá tres meses para definir los mecanismos técnicos y financieros que permitan calcular, liquidar y redistribuir los saldos. A su vez, el Ministerio de Minas y Energía dispondrá de un mes para establecer los criterios de excepción que protejan a los pequeños negocios y hogares vulnerables.

El alivio se aplicará gradualmente durante un plazo máximo de 15 años. El Gobierno defiende esta medida como un paso hacia la justicia tarifaria, al considerar que los sectores con menor capacidad de pago no deben asumir la deuda.

“El propósito es avanzar hacia una regulación justa, donde quienes más pueden contribuyan a equilibrar el sistema sin afectar a los hogares vulnerables”, señalaron fuentes del Ministerio de Minas y Energía.

Normas para mayor transparencia en la facturación

La reforma también establece que no se podrán incluir cobros ajenos al servicio eléctrico en las facturas, como tasas, impuestos o contribuciones no autorizadas.

Además, cuando se facturen varios servicios públicos, estos deberán totalizarse por separado y el usuario podrá pagar de manera independiente cada uno.

Estabilización tarifaria y reducción de la volatilidad

El proyecto crea un nuevo artículo en la Ley 143 de 1994 para establecer mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas diferenciales que reduzcan la volatilidad de los precios de la energía.

En un plazo de seis meses, el Ministerio de Minas y Energía deberá diseñar políticas que:

• Limiten la exposición de los usuarios a los precios de la bolsa de energía.
• Fomenten contratos de largo plazo entre generadores y comercializadores.
• Promuevan la equidad mediante esquemas tarifarios diferenciales.
• Incentiven la reconversión productiva hacia energías limpias y sostenibles.

Los departamentos y municipios tendrán un año para ajustar sus tributos relacionados con el consumo de energía, o podrían ser requeridos por la Superintendencia de Servicios Públicos.

La CREG desarrollará los aspectos técnicos en un plazo máximo de seis meses posteriores a la expedición del decreto.

Fuente: El Universal