Durante su intervención, Hernández destacó que Colombia necesita una energía competitiva con tiempos de construcción más cortos, de modo que la nueva capacidad energética llegue oportunamente a los hogares y las regiones del país. Según la dirigente gremial, “lo que más ha generado retrasos es la ejecución de los proyectos”.

“Colombia tiene potencial, capital y talento, pero nos falta acción, decisiones políticas y capacidad de ejecución. Es impresionante que un proyecto de energías renovables, con impactos relativamente bajos, tenga un tiempo de entrada entre 3 y 7 años”, enfatizó la presidenta de Ser Colombia.

Hernández añadió que si el país lograra cumplir los tiempos establecidos en la norma para los trámites, los proyectos podrían reducir sus tiempos de entrada a la mitad. No obstante, insistió en la necesidad de una revolución estructural en materia normativa, regulatoria y de cumplimiento.

Ampliación de la red y almacenamiento energético

Otro de los puntos clave señalados por Hernández es la urgencia de ampliar la red de transmisión eléctrica para permitir la expansión de la generación renovable. “Necesitamos desatrapar puntos de conexión que hoy están bloqueados por proyectos que no avanzan. Además, debemos impulsar el almacenamiento para garantizar estabilidad y servicios complementarios al sistema”, sostuvo.

También resaltó la importancia de establecer reglas claras para el desarrollo del almacenamiento energético y de promover subastas a largo plazo que faciliten cierres financieros y aceleren la construcción de nuevas iniciativas.

‘Los retos están relacionados con la transmisión’

En el mismo panel, Kathrine Simancas, directora sectorial de energía y gas natural de Andesco, señaló que el 55% de los proyectos de transmisión en Colombia presentan retrasos. “El atraso promedio ha pasado de 4 a más de 7 años. Los retos principales están en la transmisión”, puntualizó.

Simancas añadió que los desafíos del sector también incluyen factores sociales, ambientales, regulatorios y normativos. Ambas expertas coincidieron en que el Gobierno debe ajustar las reglas de la próxima subasta energética y revisar el mecanismo del precio de escasez, pues este podría poner en riesgo la iniciativa.

Fuente: Portafolio