Foto tomada de: Portafolio
En una carta dirigida al Ministerio de Minas y Energía, las principales agremiaciones del sector energético expresaron su preocupación por el proyecto de Ley 432 de 2025, conocido como la iniciativa para una “regulación justa y democratización del sector energético”.
Los gremios advirtieron que las medidas incluidas en la propuesta podrían aumentar las facturas de los usuarios y generar inestabilidad en la prestación del servicio.
La carta fue firmada por entidades como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, ACP, Cámara Colombiana de Energía, ACCE, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera. Según el documento, el texto del proyecto “no conduce a una reducción tarifaria y podría generar incrementos en las facturas de los usuarios”.
Además, los gremios aseguran que la propuesta incluye artículos que ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y generan incertidumbre en las reglas de expansión de la oferta de energía.
“El reto más urgente que enfrenta el país es garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas combustible, hoy en riesgo por la insuficiencia de oferta de energía firme y gas nacional”, señalan los gremios.
En su análisis, los gremios recordaron que en los últimos cinco años solo ha entrado en operación menos del 30% de la generación comprometida y más del 50% de los proyectos de transmisión presentan retrasos. Esto, aseguran, “demanda decisiones públicas que destraben proyectos y restablezcan la confianza”.
Según el comunicado, el proyecto de ley no aborda los problemas estructurales del sistema, ni incentiva la expansión de infraestructura energética, lo que podría ampliar la brecha entre oferta y demanda.
Los gremios también advirtieron sobre la difícil situación financiera de los comercializadores de energía, que acumulan saldos por recuperar cercanos a $6 billones de pesos, de los cuales el 68% corresponde a deudas públicas.
Propuestas de los gremios
- Garantizar los recursos para el pago de subsidios a usuarios vulnerables, deuda que ya supera los $2,8 billones a septiembre de 2025.
- Cumplir el compromiso del presidente Gustavo Petro de asumir los saldos de la opción tarifaria.
- Definir un esquema claro de prestación del servicio de Air-e en la Región Caribe, mitigando el riesgo sistémico que enfrenta el sector.
- Realizar estudios técnicos independientes para evaluar la viabilidad de las reformas antes de su aprobación.
- Acelerar la ejecución de proyectos energéticos y fortalecer la seguridad jurídica del sector.
Finalmente, los gremios reiteraron que el país no necesita nuevas leyes, sino acciones inmediatas y coordinadas para garantizar la sostenibilidad del sistema energético colombiano.
Fuente: Portafolio