Foto tomada de: El Colombiano
El Gobierno Nacional aplazó para finales de este mes la presentación del decreto que busca reformar el cargo por confiabilidad con el fin de reducir el costo de la factura de energía eléctrica. La propuesta ha generado un intenso debate entre el Ministerio de Minas y Energía, usuarios y empresas generadoras.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, plantea que la reforma debe priorizar la entrada de energías limpias y sostenibles, diferenciando la remuneración según la tecnología y antigüedad de las plantas, para evitar que infraestructuras obsoletas reciban beneficios desproporcionados.
La propuesta incluye limitar el tiempo de participación en el cargo por confiabilidad, enfocándolo en recursos que realmente respalden el sistema en momentos de escasez y garantizando mayor transparencia en la estructura tarifaria.
Reacciones de los usuarios
Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, calificó el decreto como una amenaza a los derechos de los usuarios, denunciando que podría excluir a cerca de siete millones de hogares de los estratos subsidiables.
Según la Liga, los hogares que consuman más del consumo básico pagarían sobrecostos para financiar subsidios de otros usuarios, reduciendo el alcance de los beneficios y trasladando más cargas a la ciudadanía.
Visión del sector empresarial
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), defendió la efectividad del cargo por confiabilidad, asegurando que ha sido clave para la expansión eléctrica del país durante las últimas tres décadas.
Andeg se mostró dispuesta a debatir alternativas técnicas, pero insistió en que la confiabilidad requiere regulación estable y respaldo a las plantas térmicas que han garantizado el suministro durante años.
El debate sobre la reforma al cargo por confiabilidad sigue abierto, con posturas encontradas entre el Gobierno, los usuarios y el sector empresarial. El reto será encontrar un equilibrio que permita tarifas más bajas, manteniendo la seguridad y sostenibilidad del sistema eléctrico colombiano.
