Foto tomada de: Infobae / Colprensa
El reciente anuncio del Gobierno colombiano sobre la nueva fórmula de precios para biocombustibles generó preocupación en el sector energético. La medida, impulsada por el Gobierno Petro, plantea usar precios internacionales como referencia, lo que según gremios del sector pondría en riesgo la estabilidad y rentabilidad de la industria del etanol y el biodiésel en el país.
De acuerdo con los documentos del Ministerio de Minas y Energía, la nueva metodología reduciría los ingresos de los productores nacionales en un 14,5% para el etanol y en un 23,9% para el biodiésel. El cambio se realizaría sin haber evaluado los impactos sobre el empleo, la inversión ni la sostenibilidad de la industria, consolidada durante más de dos décadas como pilar de la transición energética en Colombia.
Actualmente, la industria de biocombustibles aporta entre el 8% y el 10% de los combustibles usados en el transporte terrestre mediante mezclas con gasolina y diésel, logrando una reducción del 8% en las emisiones totales de CO₂. Además, estudios de ciclo de vida demuestran que el etanol de caña y el biodiésel de palma generan entre 74% y 83% menos emisiones que los combustibles fósiles.
Un cambio de fórmula con alto impacto económico
La propuesta elimina el sistema vigente que combinaba precios internacionales con costos locales. En adelante, el ingreso del productor dependería exclusivamente del valor internacional del etanol y biodiésel en mercados como Houston (EE.UU.) y Róterdam (UE), ajustado por fletes, aranceles y tipo de cambio. Esto implica que Colombia fijará precios como si importara biocombustibles, aunque se produzcan con materias primas nacionales.
El problema central, según los gremios, es que estos mercados operan bajo esquemas de subsidios, incentivos fiscales y créditos de carbono que no existen en Colombia. En Estados Unidos, el Renewable Fuel Standard y el Inflation Reduction Act ofrecen créditos fiscales y beneficios económicos por cada galón de combustible limpio. En Europa, la Directiva de Energías Renovables (RED III) y las exenciones tributarias fortalecen la rentabilidad de la industria.
- En EE.UU., los productores cuentan con créditos RIN y subsidios energéticos.
- En la Unión Europea, los biocombustibles reciben ayudas fiscales y cuotas de reducción de emisiones.
- En Colombia, los productores pagan tarifas completas de electricidad y transporte, sin compensaciones.
Estas diferencias estructurales generan una competencia desigual que amenaza la supervivencia de un sector clave para el desarrollo agrícola, industrial y ambiental del país.
Expertos advierten que el Gobierno busca reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles afectando a los biocombustibles, mientras mantiene subsidios al diésel fósil. Esta decisión contradice el Compes 4062 de 2023 sobre reindustrialización, debilitando uno de los sectores que más aporta a la sostenibilidad y generación de empleo rural.
La medida, presentada como un ajuste técnico, podría tener efectos estructurales profundos: pérdida de inversión, cierre de plantas, menor competitividad y retrocesos en los compromisos de reducción de emisiones.
La discusión sobre los biocombustibles trasciende lo técnico. Afecta directamente la seguridad energética, la soberanía productiva y la transición verde de Colombia. Los gremios insisten en que una revisión equilibrada, que proteja la rentabilidad local sin perder competitividad internacional, es indispensable para evitar el desmonte de una industria clave para el futuro energético nacional.