El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) 2025–2027, a través de un proyecto de resolución que establece la hoja de ruta para ampliar y garantizar el acceso al servicio de energía eléctrica en Colombia.

El documento aplica tanto para las Zonas No Interconectadas (ZNI) como para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y se consolida como un instrumento de política pública enfocado en cerrar las brechas históricas de cobertura energética en contextos rurales.

El PNER identifica los principales ejes problemáticos que explican la baja cobertura del servicio en áreas rurales, entre ellos las limitaciones de las soluciones convencionales, la persistencia de brechas estructurales en territorios étnicos, la vulnerabilidad de la infraestructura en zonas afectadas por el conflicto armado y la baja formación en uso eficiente de la energía.

Estas condiciones profundizan la pobreza energética y limitan el acceso a conectividad, tecnologías de la información y otras herramientas clave para fortalecer las economías locales y promover el desarrollo integral de los territorios rurales.

El proyecto plantea un enfoque integral que no solo busca aumentar la cobertura, sino hacerlo de forma sostenible, comunitaria y territorialmente pertinente, incorporando energías renovables —especialmente Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)—, modelos de gestión comunitaria a través de Comunidades Energéticas y criterios sociales, ambientales y territoriales.

Además, el Plan se articula con el Acuerdo de Paz, la Política de Transición Energética Justa y el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, incorporando avances normativos, técnicos y tecnológicos del país.

Según el documento, se evaluarán soluciones energéticas individuales o colectivas, teniendo en cuenta las necesidades reportadas por las entidades territoriales, las comunidades y las condiciones socioambientales de los hogares, así como mecanismos que garanticen la administración, operación y mantenimiento sostenible de las soluciones implementadas.

¿Quiénes serán los beneficiados?

Entre los principales beneficiarios se encuentran las comunidades rurales sin acceso a energía, especialmente en ZNI, así como los hogares rurales dispersos que no pueden conectarse fácilmente al SIN.

También se verán beneficiadas las Comunidades Energéticas, las poblaciones priorizadas por el Acuerdo de Paz y las entidades territoriales, que contarán con un marco de referencia para estructurar proyectos energéticos.

A nivel institucional, el IPSE y la UPME fortalecerán su rol técnico y de planeación, mientras que las empresas desarrolladoras de soluciones renovables podrán impulsar esquemas descentralizados y sostenibles.

El documento aclara que el proyecto no genera impactos negativos directos, aunque sí introduce exigencias para algunos actores, como los operadores tradicionales de energía, que enfrentarán un menor protagonismo en zonas rurales frente a modelos comunitarios y soluciones descentralizadas.

Asimismo, las entidades territoriales deberán reportar necesidades con mayor rigor técnico y fortalecer la coordinación con comunidades y esquemas participativos, en un entorno de mayor articulación interinstitucional.