Bogotá D.C., julio de 2026. El presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate nacional el modelo con el que se forman las tarifas de energía eléctrica en Colombia. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario pidió que las empresas generadoras aclaren si respetarán la nueva fórmula tarifaria aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) durante su administración.

La discusión tiene un punto clave: la nueva metodología está prevista para comenzar a regir en 2027. Petro cuestionó que su entrada en vigencia haya sido aplazada y pidió a las generadoras definir públicamente si aplicarán la regulación o si se mantendrá el esquema actual de formación de precios.

De acuerdo con Portafolio, el presidente vinculó el debate con el costo que pagan los hogares y las empresas productivas por el servicio de energía. Para el mandatario, el mecanismo vigente permite que tecnologías de menor costo, como la generación hidráulica, terminen vendiendo energía tomando como referencia el precio de fuentes más costosas, especialmente el gas natural.

El pronunciamiento ocurre en medio de un ambiente político sensible por la transición entre el Gobierno saliente y el entrante, así como por las discusiones sobre seguridad energética, tarifas, riesgo de El Niño, abastecimiento de gas y papel de las empresas generadoras en la confiabilidad del sistema eléctrico.

Petro cuestiona la fórmula actual de precios

En su mensaje, Petro afirmó que la fórmula actual liga la tarifa de energía al costo de la fuente más costosa, independientemente de los costos reales de generación de cada empresa. Según su interpretación, el precio del gas termina incidiendo sobre la tarifa general, aunque buena parte de la electricidad del país provenga de fuentes hídricas.

El presidente sostuvo que la mayor parte de la energía en Colombia sale del agua y que la generación solar viene creciendo. Bajo esa lectura, cuestionó que fuentes que producen a menor costo puedan recibir señales de precio asociadas a tecnologías más caras.

La crítica presidencial apunta al modelo marginalista de formación de precios, en el que el precio de bolsa puede estar determinado por la planta necesaria para atender la demanda en un momento específico. En escenarios de baja hidrología o alta demanda térmica, el gas y otros combustibles pueden elevar el precio de referencia del mercado.

Un debate con impacto directo en hogares y empresas

Petro insistió en que el asunto es fundamental para las familias colombianas y las empresas productivas. La tarifa de energía afecta el presupuesto de los hogares, los costos de producción de la industria, la competitividad del comercio y la inflación de bienes y servicios.

En regiones como el Caribe, el costo de la energía ha sido históricamente uno de los temas más sensibles. Tarifas elevadas, pérdidas, calidad del servicio, deudas del sector e intervención de empresas han convertido el precio de la electricidad en un asunto social, económico y político.

Para el Gobierno saliente, modificar la fórmula tarifaria es una forma de acercar el precio que pagan los usuarios a los costos reales de generación. Para sectores empresariales y gremiales, cualquier cambio debe preservar la estabilidad regulatoria, la recuperación de inversiones y la confiabilidad del sistema.

La nueva fórmula comenzaría a regir en 2027

El punto de mayor tensión está en la entrada en vigencia de la nueva fórmula. Petro afirmó que la regulación aprobada por la CREG durante su administración solo empezará a aplicarse el próximo año, por decisión del comisionado Diego Velandia.

En ese contexto, el presidente preguntó si las empresas generadoras respetarán la fórmula aprobada o si buscarán mantener el esquema actual. También cuestionó si existe algún acuerdo entre las generadoras y el Gobierno entrante para modificar o derogar el cambio regulatorio antes de que entre en vigor.

La pregunta presidencial se produce en un momento de transición política. El presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto de 2026, por lo que varias decisiones energéticas adoptadas en la recta final del gobierno Petro podrían ser revisadas por la próxima administración.

Generadoras públicas ya se acogieron al nuevo esquema

El Gobierno ha destacado que algunas generadoras públicas ya manifestaron su adhesión a la nueva metodología tarifaria. MinEnergía informó que empresas como Gecelca, Gensa y Urrá se alinearon con el nuevo esquema, que busca reducir la especulación en bolsa y aliviar el costo para los usuarios.

Posteriormente, el Ministerio señaló que cerca de 25% de la generación eléctrica se acogió a la fórmula impulsada por el Gobierno Nacional. Según la entidad, empresas públicas como EPM, Gensa, Urrá y Gecelca, junto con proyectos solares y tecnologías limpias, entrarían bajo el esquema definido por la CREG.

Para el Gobierno, esa adhesión muestra que es posible cambiar la forma en que se remunera la energía y disminuir el efecto del precio del gas sobre tecnologías con costos de generación más bajos. Sin embargo, la discusión con las generadoras privadas sigue abierta.

El precio del gas vuelve al centro del debate

Petro concentró buena parte de su crítica en el papel del gas natural dentro de la formación del precio de la energía. Según el mandatario, el gas es la fuente más costosa y termina influyendo sobre el valor que pagan usuarios, aunque la matriz colombiana tenga una alta participación hidráulica.

El tema es especialmente sensible porque el gas natural también es indispensable para la seguridad energética. Durante periodos de baja hidrología, como los asociados al Fenómeno de El Niño, las plantas térmicas a gas deben respaldar al sistema cuando los embalses reducen su aporte.

Esto crea una tensión compleja: por un lado, el gas puede encarecer el precio de bolsa; por otro, es un respaldo necesario para evitar riesgos de desatención de demanda. Cualquier reforma tarifaria debe equilibrar alivio al usuario, señales de inversión y disponibilidad de plantas térmicas cuando el sistema las requiera.

Energía hidráulica y solar frente al precio marginal

En su publicación, Petro señaló que la mayor parte de la energía colombiana proviene del agua y que la generación solar aumenta. Para el mandatario, estas fuentes tienen costos inferiores al gas y, por tanto, no deberían remunerarse con base en el valor de la tecnología más costosa.

La discusión refleja una diferencia de enfoques. El Gobierno saliente defiende una fórmula que acerque el precio al costo de generación de cada tecnología. Los defensores del mercado actual argumentan que el precio marginal entrega señales para inversión, disponibilidad y eficiencia del despacho.

En un sistema eléctrico con alta participación hidráulica, el diseño de precios es especialmente delicado. Si la tarifa no reconoce adecuadamente riesgos climáticos, disponibilidad, inversión y respaldo, puede afectar la entrada de nuevos proyectos o la confiabilidad futura.

Llamado de Petro a los usuarios

El presidente también pidió a los usuarios del servicio eléctrico estar atentos a la evolución del proceso regulatorio. En su mensaje, afirmó que una eventual derogatoria de la nueva fórmula mantendría, en su opinión, una estructura injusta para hogares y empresas.

Petro llamó a la ciudadanía a vigilar si el nuevo Gobierno decide modificar o dejar sin efecto la regulación que comenzaría a regir en 2027. En su lectura, el derecho a la energía debe estar asociado al pago de acuerdo con los costos reales de generación.

Este llamado traslada el debate técnico al terreno político y social. Las tarifas de energía dejan de ser un asunto exclusivo de reguladores, generadores y comercializadores, para convertirse en una discusión pública sobre justicia energética, acceso y competitividad.

ANDEG pide respeto por la institucionalidad

Las declaraciones de Petro se conocen después de que la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) expresara preocupación por recientes pronunciamientos del mandatario relacionados con el proceso electoral presidencial.

Según La República, ANDEG advirtió que desconocer públicamente resultados electorales sin presentar pruebas verificables afecta la confianza en las instituciones y en el sistema constitucional y electoral colombiano.

El gremio señaló que ese tipo de afirmaciones puede generar incertidumbre, profundizar la polarización y afectar la estabilidad institucional, un factor que considera determinante para preservar la confianza ciudadana, la inversión y el desarrollo económico.

Transición de Gobierno y continuidad regulatoria

ANDEG también hizo un llamado para que el proceso de transición entre el Gobierno saliente y el entrante se desarrolle de manera ordenada, transparente y con respeto por la Constitución y el Estado de Derecho.

Para el sector eléctrico, la continuidad institucional es clave. Las inversiones en generación, transmisión, distribución, gas y renovables requieren reglas estables, previsibilidad regulatoria y confianza en que las decisiones técnicas no cambiarán abruptamente por tensiones políticas.

La discusión sobre la fórmula tarifaria se suma a otros desafíos que recibirá el próximo Gobierno: riesgo de El Niño, niveles de embalses bajo seguimiento, déficit de gas, retrasos en proyectos, deudas del sector y necesidad de nueva capacidad de generación.

Tarifas, confiabilidad e inversión: tres objetivos en tensión

El debate tarifario concentra tres objetivos que no siempre son fáciles de conciliar. El primero es reducir o contener el precio que pagan usuarios residenciales y empresas. El segundo es mantener la confiabilidad del sistema. El tercero es asegurar que existan señales suficientes para atraer inversión.

Si la tarifa es demasiado alta, hogares y empresas enfrentan presiones económicas. Si es demasiado baja o no reconoce costos y riesgos, puede afectar la sostenibilidad financiera de los agentes y desincentivar inversión en nueva capacidad.

Por eso, la fórmula tarifaria debe buscar equilibrio. Debe proteger a los usuarios, pero también asegurar que el sistema tenga generación disponible, plantas térmicas listas, redes suficientes y proyectos nuevos que entren a tiempo.

Una discusión técnica con alto contenido político

Aunque el debate nace en la regulación energética, su impacto político es evidente. Petro plantea la fórmula tarifaria como un asunto de justicia económica para hogares y empresas. Las generadoras y gremios, por su parte, suelen advertir que cualquier cambio debe respetar institucionalidad, contratos, señales de mercado y sostenibilidad del sector.

La entrada del próximo Gobierno añade incertidumbre. Si la administración De la Espriella decide revisar la fórmula, el país podría entrar en una nueva discusión regulatoria antes de 2027. Si decide mantenerla, las generadoras deberán adaptarse al esquema aprobado.

En ambos casos, la decisión tendrá efectos sobre tarifas, ingresos de generadores, precio de bolsa, contratos, inversión y percepción de riesgo regulatorio.

El reto de comunicar la tarifa al usuario

Uno de los problemas históricos del sector eléctrico es la dificultad para explicar cómo se forma la tarifa. La factura que paga un usuario incluye generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas, restricciones, subsidios, contribuciones y otros componentes regulados.

Por eso, cuando se discute una fórmula de generación, el impacto sobre la factura final puede depender de varios factores. Una reducción en el componente de generación no siempre se traslada de manera automática, inmediata o completa al usuario si otros componentes de la tarifa suben.

La transparencia será clave para evitar expectativas irreales o desconfianza. Regulador, Gobierno, empresas y gremios deberán explicar con claridad qué cambia, cuándo cambia, cuánto puede impactar la factura y qué riesgos existen.

El Caribe, una región especialmente sensible

La discusión tarifaria tiene especial importancia para el Caribe colombiano. Esta región ha enfrentado históricamente altos costos de energía, pérdidas, problemas de calidad del servicio y tensiones por la sostenibilidad financiera de los operadores.

Cualquier cambio en la fórmula de generación podría ser recibido con expectativa por usuarios que esperan alivios en la factura. Sin embargo, también deberá analizarse junto con otros problemas del mercado regional, como inversiones en red, pérdidas, deudas, subsidios y calidad del servicio.

En la práctica, bajar tarifas de manera sostenible requiere actuar sobre varios componentes: generación, distribución, pérdidas, eficiencia, subsidios, cartera y expansión de infraestructura.

¿Qué puede pasar antes de 2027?

Antes de la entrada en vigencia de la nueva fórmula, podrían darse varios escenarios. El primero es que la regulación se mantenga y las generadoras se preparen para aplicarla. El segundo es que el próximo Gobierno la revise, modifique o derogue. El tercero es que surjan nuevos ajustes regulatorios para responder a riesgos de confiabilidad o presiones tarifarias.

Cada escenario tiene implicaciones distintas. Mantener la fórmula daría continuidad a la política del gobierno Petro. Modificarla podría tranquilizar a algunos agentes del mercado, pero generar críticas de usuarios y sectores que esperan reducción de tarifas. Derogarla abriría una nueva controversia política y regulatoria.

Por ahora, el debate queda abierto y las generadoras deberán definir su posición frente al esquema que comenzaría a regir en 2027.

Energía como derecho y como mercado

La discusión de fondo refleja dos visiones que deben reconciliarse. Por un lado, la energía es un servicio público esencial y un habilitador de derechos, por lo que debe ser asequible para hogares y empresas. Por otro lado, es un mercado que requiere inversión, operación técnica, mantenimiento y señales económicas para garantizar suministro.

Si se privilegia solo el alivio tarifario sin sostenibilidad financiera, el sistema puede perder inversión y confiabilidad. Si se privilegia solo la rentabilidad empresarial sin protección al usuario, se profundiza el malestar social y económico.

La fórmula tarifaria deberá encontrar un punto de equilibrio entre justicia energética, confianza inversionista y seguridad del suministro.

Con su llamado público, Petro deja instalada una pregunta que será clave para la transición de Gobierno: si las generadoras aplicarán la nueva fórmula tarifaria aprobada por la CREG o si el próximo Ejecutivo buscará mantener el esquema actual. La respuesta definirá buena parte del debate energético de 2027, en un país que necesita tarifas más justas, pero también un sistema confiable, financiable y capaz de responder a la creciente demanda eléctrica.