Foto tomada de: Portafolio
A pesar del reciente pago de más de $507.000 millones en subsidios por parte del Gobierno Nacional, la empresa de energía Afinia continúa enfrentando una grave crisis financiera estructural, según lo reveló su CEO, Ricardo José Arango Restrepo.
En entrevista, el presidente de la filial del Grupo EPM explicó que, aunque el pago realizado cubre los subsidios causados hasta diciembre de 2024, la compañía sigue arrastrando una deuda total de $5 billones y enfrenta serias dificultades por el bajo nivel de recaudo, hurto de energía y elevadas pérdidas técnicas.
“Ese pago de subsidios no es para nada la solución al problema estructural que tiene Afinia”, declaró Arango. Según el ejecutivo, el alivio fue temporal y no corrige los problemas de fondo que afectan el flujo de caja mensual de la empresa.
Una deuda millonaria y problemas estructurales
Afinia enfrenta actualmente una cartera morosa de $5 billones, de los cuales $355.000 millones corresponden a entidades oficiales, principalmente municipales. El bajo recaudo y el hurto sistemático de energía agravan la situación.
Cada mes, la compañía debe pagar $360.000 millones por contratos de compra de energía, mientras que sus ingresos por facturación rondan los $410.000 millones, generando una frágil y peligrosa brecha financiera.
Subsidios 2025: una deuda que sigue creciendo
Aunque el Gobierno pagó los subsidios correspondientes a 2024, para 2025 ya se acumulan $285.000 millones en nuevas obligaciones sin cancelar. El CEO advirtió que los pagos siguen pendientes, y dependen de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas.
Según Asocodis, el costo mensual de subsidios a nivel nacional asciende a $380.000 millones, lo que representa una presión fiscal importante y un reto para mantener la sostenibilidad de las distribuidoras como Afinia.
La situación de Afinia evidencia un problema estructural en el modelo de subsidios y distribución energética en Colombia. Aunque el pago del Gobierno fue un alivio temporal, la empresa continúa enfrentando desafíos financieros serios que amenazan su operación y sostenibilidad.
La necesidad de reformas profundas en el sistema de subsidios y un mayor control sobre pérdidas y morosidad se presentan como tareas urgentes para garantizar la viabilidad del servicio eléctrico en regiones como la costa Caribe.
