Bogotá D.C., julio de 2026. El Gobierno del presidente Gustavo Petro llevó al Congreso su último intento de reforma tributaria con una meta de recaudo cercana a $21,9 billones para 2027. La iniciativa incluye cambios en combustibles, aportes a seguridad social, tratamientos tributarios, impuestos a sectores extractivos e incentivos para energías renovables.

De acuerdo con Valora Analitik, juristas y expertos tributarios estiman que, si la reforma entra en vigor, el efecto fiscal asociado al sector minero-energético podría ubicarse entre $3,5 billones y $4 billones en 2027. Esa cifra equivaldría aproximadamente al 18% o 20% del recaudo total esperado por el proyecto.

La carga no recaería únicamente sobre petroleras y carboneras. Según el análisis, cerca de $1 billón sería una carga directa sobre empresas extractivas, mientras que el resto provendría de impuestos indirectos recaudados a través de la cadena de combustibles, con efectos potenciales sobre transporte, industria, comercio y consumidores.

El debate llega en una coyuntura fiscal y energética sensible. Colombia enfrenta presiones sobre el presupuesto público, discusiones por déficit fiscal, necesidad de inversión en transición energética, retos de abastecimiento de gas y preocupaciones de los sectores productivos por el impacto de nuevos impuestos sobre costos, inversión y competitividad.

Una reforma con meta de $21,9 billones

La Presidencia informó que el Gobierno presentó ante el Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria para recaudar $21,9 billones en 2027 y reducir el déficit fiscal. El Ejecutivo argumenta que estos recursos son necesarios para enfrentar el desequilibrio de las finanzas públicas y cubrir gastos que considera inflexibles.

Sin embargo, el proyecto enfrenta un ambiente político complejo. Al tratarse de una iniciativa radicada al final del Gobierno Petro, varios congresistas han señalado que su trámite tendría pocas probabilidades de avanzar antes del cambio de administración.

El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella podría retirar el proyecto, suspender su estudio o presentar una propuesta propia. Por eso, aunque la iniciativa marca una discusión fiscal relevante, su futuro legislativo sigue siendo incierto.

IVA a combustibles, el punto de mayor impacto indirecto

Uno de los cambios más sensibles es el IVA sobre combustibles fósiles. La propuesta plantea subir el IVA al ingreso del productor de gasolina y diésel de 5% a 10% y aplicar una tarifa general de 19% desde 2028.

Según la Presidencia, esta medida permitiría recaudar cerca de $3,6 billones en el primer año y alrededor de $7,58 billones a partir del segundo año. Valora Analitik reporta una estimación similar: $3,61 billones en 2027 y $7,52 billones en 2028.

Para productores y distribuidores, el cambio implicaría mayores anticipos de IVA y más necesidades de capital de trabajo. Para el resto de la economía, el efecto podría sentirse en mayores costos de transporte, logística, distribución y operación, especialmente si parte del impuesto se traslada al precio final de los combustibles.

Efecto sobre transporte, industria y consumidores

El abogado tributarista Carlos Rodríguez, socio fundador de Esquerra JHR, advirtió que una proporción importante de la carga económica sería trasladada a transportadores, industrias, comercios y consumidores mediante el precio de los combustibles.

Esto significa que, aunque el recaudo se origine en la cadena de combustibles, su impacto puede extenderse a sectores que dependen del diésel y la gasolina para movilizar mercancías, operar maquinaria, distribuir productos o prestar servicios.

En Colombia, los combustibles tienen un efecto transversal sobre la economía. Un aumento en su carga tributaria puede trasladarse a fletes, alimentos, comercio, construcción, industria y servicios, presionando costos en un contexto de baja tolerancia social a nuevos incrementos.

Petróleo y carbón tendrían mayor carga directa

La reforma también incrementaría la carga tributaria para algunos contribuyentes del sector extractivo. Uno de los cambios señalados es la equiparación de la sobretasa del carbón con la que se aplica al petróleo, además de la eliminación de algunos tratamientos preferenciales.

Este rubro, identificado dentro del segmento de impuestos a personas jurídicas, generaría un recaudo de $1,39 billones en 2027 y $2,89 billones en 2028, según el análisis citado por Valora Analitik.

El impacto estaría concentrado en empresas rentables de sectores extractivos, financieros y hoteleros, así como en compañías beneficiadas por regímenes tributarios especiales. Para el sector minero-energético, la discusión se centra en el balance entre recaudo fiscal, competitividad e inversión futura.

Impuesto especial de 1% sobre hulla y crudo

Michelle Visbal, socia de Serrano Martínez CMA y experta en derecho tributario, señaló que el proyecto también contempla un impuesto especial de 1% sobre exportaciones o primeras ventas de hulla y crudo.

Este gravamen aplicaría a contribuyentes con renta líquida igual o superior a 50.000 UVT. En la práctica, afectaría a empresas con capacidad económica relevante dentro del sector extractivo.

Para los expertos, este tipo de medidas puede elevar el recaudo en el corto plazo, pero también generar dudas sobre inversión, exploración, producción y competitividad, especialmente en sectores intensivos en capital y expuestos a precios internacionales.

Mayor carga de nómina por cambios en exoneraciones

Otro punto de alto impacto es la reducción del umbral de exoneración del Estatuto Tributario. Actualmente, la exoneración aplica para empleados que ganan menos de 10 salarios mínimos, pero el proyecto la limitaría a quienes devenguen menos de tres salarios mínimos.

Esto haría que las empresas comiencen a pagar mensualmente aportes a salud del 8,5%, además del 3% al ICBF y el 2% al SENA. En conjunto, el costo adicional potencial sería de 13,5% sobre la nómina impactada.

Para Carlos Rodríguez, esta medida tendría el mayor impacto de caja porque no depende de que la empresa genere utilidades y se pagaría mensualmente mediante la PILA. El Gobierno estimó un efecto fiscal de $8,53 billones en 2027, equivalente a cerca del 39% del total esperado de la reforma.

Empresas con trabajo calificado serían más sensibles

La reducción del umbral de exoneración puede afectar especialmente a compañías intensivas en trabajo calificado administrativo, técnico o profesional. En estos casos, una parte significativa de la nómina puede superar los tres salarios mínimos y quedar sujeta a nuevos aportes.

Para empresas minero-energéticas, que suelen requerir perfiles especializados en ingeniería, operación, seguridad industrial, geología, regulación, mantenimiento, finanzas y administración, el impacto de caja podría ser relevante.

A diferencia de un impuesto sobre utilidades, los aportes de nómina se pagan periódicamente y afectan flujo de caja incluso en periodos de menor rentabilidad. Por eso, el sector empresarial suele considerar estos cambios como sensibles para contratación y costos laborales.

¿Es alcanzable la meta de recaudo?

Carlos Rodríguez expresó dudas sobre la posibilidad de recaudar los $21,9 billones previstos para 2027. Según el abogado, el Gobierno estaría realizando estimaciones estáticas que no incorporan completamente posibles cambios en consumo, contratación laboral, sustitución de combustibles, saldos a favor de IVA, descuentos, implementación administrativa y litigios.

En términos simples, una reforma puede proyectar recaudos bajo ciertos supuestos, pero los contribuyentes y consumidores modifican su comportamiento cuando cambian los impuestos. Si baja el consumo, se aplazan inversiones o aumentan disputas tributarias, el recaudo efectivo puede ser menor al esperado.

Esta crítica es frecuente en debates fiscales: el recaudo potencial debe evaluarse no solo por tarifa, sino por efectos económicos, capacidad administrativa, cumplimiento, evasión, litigiosidad y respuesta del mercado.

Medidas de recaudo más controlables

Según el análisis citado por Valora Analitik, las medidas con mayor efecto serían aquellas relacionadas con mecanismos de recaudo relativamente controlables, como la PILA, los aportes a seguridad social y la tributación sobre combustibles.

Estos mecanismos permiten recaudar de manera periódica y con menor dependencia de utilidades empresariales. En el caso de la PILA, las empresas deben liquidar y pagar aportes mensualmente. En combustibles, el recaudo se integra a una cadena de comercialización formalizada.

Sin embargo, que el recaudo sea más controlable no significa que no tenga efectos económicos. El costo puede trasladarse a precios, nómina, márgenes o decisiones de inversión.

Reforma no cerraría el desequilibrio fiscal estructural

Rodríguez también advirtió que la reforma sería insuficiente por sí sola para solucionar el desequilibrio estructural de las finanzas públicas. Según su análisis, el recaudo proyectado para 2027 sería inferior al faltante de $32,1 billones identificado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) para cumplir el escenario fiscal de 2026.

Esto refuerza una preocupación de fondo: si el gasto público sigue creciendo o si el presupuesto mantiene alta inflexibilidad, una nueva reforma tributaria puede aliviar parcialmente la caja, pero no resolver el problema estructural.

En ese escenario, el debate fiscal deberá incluir no solo nuevos impuestos, sino también eficiencia del gasto, priorización presupuestal, control de deudas, regla fiscal y crecimiento económico.

Energías renovables tendrían un punto favorable

No todo el proyecto implica mayores cargas para el sector energético. La iniciativa también contempla medidas favorables para energías renovables. Una de ellas es convertir la exclusión del IVA para ciertos bienes y servicios destinados a fuentes renovables en una exención.

Este cambio permitiría que productores nacionales recuperen el IVA pagado en insumos para la construcción de proyectos, mejorando el flujo de caja de compañías vinculadas a energías limpias.

El proyecto también contempla un bono fiscal para inversiones en este tipo de iniciativas, con un costo fiscal estimado de $507.000 millones para 2027. La medida buscaría impulsar la transición energética y facilitar nuevos proyectos renovables.

Renovables, flujo de caja e inversión

Para los proyectos renovables, la diferencia entre exclusión y exención de IVA puede ser importante. Cuando un bien está excluido, no se cobra IVA al comprador, pero el productor puede tener limitaciones para descontar o recuperar el IVA pagado en insumos. En una exención, puede existir derecho a devolución o compensación, dependiendo del diseño normativo.

Esto mejora el flujo de caja de proyectos solares, eólicos u otras fuentes limpias, especialmente durante la etapa de construcción, cuando se realizan inversiones altas antes de generar ingresos.

Si la medida se aprueba, podría ayudar a dinamizar proyectos renovables en un momento en que Colombia necesita más capacidad limpia, redes, almacenamiento y generación distribuida.

Riesgo de desincentivar inversión minero-energética

Michelle Visbal advirtió sobre posibles efectos adversos de la reforma sobre el crecimiento económico, especialmente en el sector minero-energético. Aunque el proyecto podría aumentar el recaudo inicial, en un horizonte más amplio podría desincentivar inversión y ahorro.

El sector minero-energético es intensivo en capital y requiere horizontes largos. Exploración petrolera, producción de gas, minas de carbón, infraestructura de transporte, generación eléctrica y proyectos renovables exigen inversiones altas, permisos, financiación y estabilidad tributaria.

Si las cargas fiscales aumentan de forma significativa, las empresas podrían revisar planes de inversión, aplazar proyectos o exigir mayores retornos para compensar el riesgo. Esto tendría implicaciones sobre producción, empleo, regalías, exportaciones y seguridad energética.

¿Tiene futuro en el Congreso?

El futuro legislativo de la reforma es incierto. El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez señaló que ve pocas probabilidades de éxito para una reforma tributaria presentada por un gobierno que está por terminar.

Según el congresista, para el 7 de agosto es poco probable que exista una ponencia lista, por lo que el próximo gobierno podría pedir la suspensión del estudio, retirar el proyecto o presentar una nueva iniciativa.

Pérez también advirtió que el incremento del IVA a la gasolina podría traducirse en mayores precios del combustible, una preocupación con impacto político y social amplio.

El próximo Gobierno podría presentar otra propuesta

Con base en las declaraciones de congresistas citadas por Valora Analitik, el gobierno de Abelardo de la Espriella tendría margen para modificar la discusión tributaria. Una opción sería que el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presente un proyecto diferente en lugar de transformar la iniciativa radicada por el Gobierno Petro.

Esto abriría un nuevo debate sobre la estructura fiscal del país. El próximo Gobierno podría optar por una reforma orientada a reducción de impuestos, simplificación tributaria, eficiencia del gasto, ampliación de base gravable o cambios sectoriales distintos.

Mientras tanto, el proyecto actual funciona como una radiografía de las prioridades fiscales del Gobierno saliente: recaudo rápido, impuestos a combustibles, ajustes a exoneraciones, cargas a sectores rentables e incentivos puntuales para renovables.

Impacto transversal sobre la economía

Aunque la noticia se concentra en el sector minero-energético, varias medidas tendrían efectos transversales. El IVA a combustibles puede impactar transporte y precios finales; la nómina puede afectar contratación; y las cargas sobre sectores extractivos pueden influir en inversión, producción y recaudo futuro.

También existen posibles efectos sobre inflación y competitividad. Si los costos logísticos aumentan, las empresas pueden trasladar parte de ese incremento a precios. Si la inversión se reduce, el crecimiento de mediano plazo puede verse afectado.

Por eso, el debate tributario no será únicamente fiscal. También involucrará crecimiento económico, transición energética, empleo, inversión, precios de combustibles y estabilidad de sectores estratégicos.

Minero-energético, entre recaudo y seguridad energética

El sector minero-energético es una fuente importante de recaudo, exportaciones, regalías, inversión y empleo. Al mismo tiempo, es clave para la seguridad energética del país, especialmente en gas natural, generación térmica, combustibles líquidos y transición hacia renovables.

Aumentar su carga tributaria puede generar ingresos fiscales en el corto plazo, pero también exige cuidado para no afectar exploración, producción, infraestructura o abastecimiento. El equilibrio entre recaudo y seguridad energética será uno de los puntos centrales de la discusión.

En el caso de petróleo y gas, menores inversiones pueden traducirse en menor producción futura, más importaciones o mayores riesgos de abastecimiento. En carbón, la carga tributaria se cruza con debates de transición laboral, exportaciones y regiones dependientes de esta actividad.

Una tributaria con señales mixtas para la transición

La propuesta envía señales mixtas para la transición energética. Por un lado, aumenta cargas sobre combustibles fósiles y sectores extractivos, lo que podría interpretarse como una forma de desincentivar actividades contaminantes o aumentar recaudo desde sectores con mayor capacidad económica.

Por otro lado, si esas cargas reducen inversión en gas natural o en infraestructura energética de respaldo, podrían afectar la confiabilidad del sistema durante el proceso de transición. El gas sigue siendo necesario para generación térmica, industria y hogares mientras crecen las fuentes renovables.

Al mismo tiempo, los incentivos para renovables podrían mejorar el flujo de caja de proyectos limpios y acelerar inversiones. El reto será que la política tributaria no debilite una parte del sistema mientras impulsa otra.

Un proyecto con alta incertidumbre política

La reforma tributaria del Gobierno Petro llega en una ventana política estrecha. El Congreso se instaló el 20 de julio, mientras el cambio de administración está previsto para el 7 de agosto. Ese calendario reduce el margen para debates, ponencias, conciliaciones y votaciones.

Por eso, varios analistas consideran que la iniciativa podría tener más valor político y fiscal que viabilidad legislativa inmediata. También podría servir como insumo para la discusión que deberá liderar el próximo Gobierno sobre déficit, impuestos y gasto público.

Para las empresas, el escenario exige monitoreo. Aunque el proyecto pueda cambiar o ser retirado, sus propuestas anticipan temas que podrían reaparecer en futuras reformas: combustibles, nómina, sectores extractivos, IVA, beneficios tributarios y energías renovables.

Con una meta de recaudo de $21,9 billones, un impacto estimado de hasta $4 billones sobre el sector minero-energético, cambios al IVA de combustibles, mayores aportes de nómina e incentivos para renovables, la nueva tributaria del Gobierno Petro abre un debate de fondo sobre cómo financiar al Estado sin afectar inversión, competitividad y seguridad energética. Su futuro en el Congreso es incierto, pero sus efectos potenciales ya generan preocupación entre empresas y analistas.