Detrás de la narrativa del Gobierno de Gustavo Petro sobre reactivar el intercambio de electricidad con Venezuela se esconde un entramado de resoluciones exprés y empresas recién creadas con vínculos con el Gobierno. CAMBIO revela las pruebas de cómo se está estructurando el negocio energético que podría poner en riesgo a Colombia frente a sanciones de la OFAC.

Esta semana marcó un punto crítico en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Las tensiones escalaron luego de que Donald Trump acusara a Gustavo Petro de ser “líder del narcotráfico”, lo que desató una ola de reacciones diplomáticas y políticas. Tras una entrevista con Univisión, el presidente colombiano intensificó el conflicto con sus declaraciones.

La respuesta no tardó: el senador Bernie Moreno anunció sanciones contra Petro y su entorno, mientras que Trump confirmó la inclusión del presidente, su esposa y su hijo en la Lista Clinton. Sin embargo, detrás de esta confrontación, se desarrolla una maniobra económica que podría tener consecuencias aún mayores.

El negocio detrás del intercambio eléctrico

Según la investigación, se está gestando un sofisticado plan para vender energía al régimen de Nicolás Maduro a través de una red de empresas con nexos con el gobierno colombiano. La empresa Activa Process Management Green Projects Colombia S.A.S., liderada por el empresario español Antonio Blasco Muñoz, sería la punta de lanza del proyecto.

Pese a tener poco capital y experiencia, Activa habría conseguido resoluciones del Ministerio de Minas y de la UPME que le permiten operar la interconexión eléctrica San Mateo – Corozo, una línea abandonada que uniría nuevamente a Colombia y Venezuela. En paralelo, Blasco constituyó HT Industries Colombia S.A.S. E.S.P., compañía con mayor respaldo financiero y conexiones políticas.

Conexiones políticas y jurídicas

Detrás de HT Industries está Luis Ferney Moreno Castillo, abogado con amplia influencia en el sector energético y miembro de la junta directiva de ISA. Su despacho, Moreno Servicios Legales, comparte sede y contacto con HT Industries, lo que refuerza las sospechas sobre vínculos directos entre ambos.

Moreno también ha asesorado proyectos energéticos de alto perfil, como los del empresario Alfonso Hilsaca, conocido como “el zar del alumbrado público”. La cercanía entre estos actores plantea interrogantes sobre la independencia del proceso y los posibles conflictos de interés.

Riesgo de sanciones internacionales

Estados Unidos, a través de la OFAC, ha empezado a seguir de cerca estas operaciones. Si Colombia avanza en acuerdos energéticos con Venezuela sin autorización, las sanciones podrían extenderse más allá del presidente Petro, afectando al sistema financiero y energético del país.

Aunque el Gobierno insiste en que busca diversificar las fuentes energéticas, analistas advierten que este tipo de alianzas podrían poner en jaque la estabilidad económica y diplomática de Colombia frente a sus principales socios internacionales.

La trama continúa desarrollándose, pero el riesgo es claro: el intento de reconectar energéticamente a Colombia con Venezuela podría convertirse en la chispa que encienda un conflicto mayor con Estados Unidos.