La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) expresó su profunda preocupación por la expedición del Decreto 1072 de 2025, emitido por el Ministerio de Minas y Energía, con el que el Gobierno busca contener los altos precios de la energía en el país.

El propio ministro Edwin Palma confirmó que el decreto seguirá en pie, reconociendo implícitamente que representa una intervención directa en el mercado eléctrico colombiano.

¿Un golpe a la libertad?

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, enfatizó que la disposición más perjudicial del decreto es aquella que obliga a los generadores hidráulicos a vender al menos el 95% de su generación horaria mediante contratos.

“Esta medida atenta contra la libertad de empresa y contratación, contrariando la Ley 143 de 1994, que establece que las transacciones en el mercado mayorista de energía son libres”, señaló Acolgen.

La entidad también argumentó que el decreto vulnera el principio de igualdad ante la ley al imponer esta obligación únicamente a las plantas hidráulicas, excluyendo a otras fuentes como la solar, eólica y térmica.

“Esa diferenciación genera una ventaja competitiva injusta”, agregó el gremio, recordando que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya había advertido este riesgo en versiones anteriores del documento.

Según Acolgen, la norma introduce incertidumbre regulatoria y financiera, lo que podría desalentar nuevas inversiones en generación eléctrica. La obligación de comprometer casi toda la energía en contratos reduciría la rentabilidad y aumentaría el riesgo de los proyectos.

Además, el gremio señaló que el decreto ignora la variabilidad de la hidrología en Colombia, haciendo inviable la exigencia del 95% de contratación al considerar los riesgos operativos y climáticos del sistema.

Acolgen advirtió que, aunque el Gobierno justifica la medida como una protección a los usuarios vulnerables, el efecto podría ser el contrario: menos inversión, riesgo en la disponibilidad futura de energía y mayores tarifas para los consumidores.

Por ello, la asociación solicitó suspender la aplicación del decreto y abrir un diálogo técnico y constructivo con los agentes del mercado.

Ministro reconoce intervención

Ante las críticas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que el Gobierno no suspenderá el Decreto 1072 y que el diálogo con el sector seguirá abierto, aunque bajo condiciones específicas.

“El Estado no puede ser un observador imparcial frente a las desigualdades del mercado eléctrico. Debemos proteger a los débiles. Es injusto que en la conformación del precio algunos ganen hasta diez o quince veces lo que vale producir la energía”, afirmó el ministro Palma.

El funcionario lamentó además la falta de apoyo público de otros gremios del sector que, según indicó, “en silencio están de acuerdo con el Gobierno”. Reiteró que las autoridades continuarán implementando las medidas establecidas en el decreto para garantizar la justicia energética en el país.

Fuente: El Colombiano