
Foto tomada de: Ministerio de Minas y Energía
El Ministerio de Minas y Energía anunció la destinación de $921.125 millones para financiar proyectos de energía y minería en 209 municipios del país, como parte del Incentivo a la Producción 2025. La convocatoria busca cerrar brechas en regiones productoras y promover una transición energética justa.
Según lo explicó el ministro Edwin Palma, esta convocatoria pública y competitiva permitirá a cada municipio presentar hasta dos proyectos, con un valor máximo de $8.000 millones, o superior en caso de contar con cofinanciación. Además, dos o más municipios podrán unirse para proponer iniciativas conjuntas de mayor escala e impacto regional.
El objetivo es impulsar proyectos estratégicos en dos líneas principales: energía eléctrica y minería, fortaleciendo las capacidades productivas y técnicas de los territorios que históricamente han sostenido la economía extractiva de Colombia.
Áreas de inversión priorizadas
- Ampliación de cobertura del Sistema Interconectado Nacional.
- Energización de infraestructura pública con energías limpias (solar, eólica, hidroeléctrica).
- Electromovilidad y desarrollo de granjas solares comunitarias.
- Centros de desarrollo técnico para el sector minero.
- Formación en seguridad minera y fortalecimiento de capacidades productivas locales.
“Este incentivo es una herramienta clave para reducir brechas en los territorios que han sostenido por años la economía extractiva del país. Los recursos deben traducirse en bienestar, equidad y transición energética justa desde las regiones”, aseguró el ministro Edwin Palma Egea.
La convocatoria estará abierta durante 60 días calendario desde la expedición de la resolución que oficializa su inicio. Los municipios deberán presentar sus propuestas en los canales habilitados por el ministerio, cumpliendo con los criterios técnicos, financieros y territoriales definidos.
Los recursos provienen del 30% de los rendimientos financieros de la cuenta única del Sistema General de Regalías (SGR), distribuidos bajo la Ley 2056 de 2020. De esta forma, se completan los $921.125 millones destinados a la inversión territorial, que incluyen saldos de vigencias anteriores y recursos del bienio 2025–2026.
Con esta inversión, el Gobierno Nacional busca transformar los territorios productores en polos de desarrollo sostenible, impulsando la transición energética, la equidad social y el fortalecimiento económico regional.