El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un proyecto de resolución que habilita, de manera transitoria, el uso eficiente de la infraestructura de importación de gas natural, como parte del paquete de 20 medidas orientadas a evitar la especulación y garantizar el abastecimiento de gas y energía en el país.

La iniciativa incrementa la oferta disponible de gas, brinda mayor certidumbre a los usuarios y asegura la continuidad en la prestación de un servicio público esencial, fortaleciendo la confiabilidad del sistema energético nacional.

De acuerdo con el proyecto, los generadores térmicos podrán utilizar la capacidad de regasificación que no sea requerida por el despacho eléctrico para comercializar gas natural importado en el mercado secundario, bajo condiciones firmes, transparentes y verificables.

Además, la resolución habilita el suministro adicional de gas cuando productores o comercializadores cuenten con volúmenes extra, y promueve el uso temporal de GLP importado en plantas térmicas con el objetivo de liberar gas natural para atender la demanda esencial del país.

“Tomamos esta medida para asegurar que cada molécula de gas disponible llegue a quien más lo necesita. Nuestra prioridad es la demanda esencial y la estabilidad energética del país”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al destacar que esta habilitación transitoria permitirá ampliar la oferta mientras se avanza hacia una regulación permanente.

Medidas clave incluidas en el proyecto de resolución

• Aprovechamiento de la capacidad de regasificación no requerida por el despacho eléctrico para comercializar gas importado mediante contratos firmes en el mercado.
• Liberación de gas natural mediante el uso de GLP importado en plantas térmicas, priorizando el abastecimiento de la demanda esencial.
• Suministro adicional de gas natural por parte de productores o comercializadores cuando existan volúmenes extra con garantía de firmeza.
• Anuncio de una regulación futura sobre swaps operativos y contractuales, que la CREG deberá expedir en un plazo de tres meses para optimizar el uso del Sistema Nacional de Transporte.

Con estas acciones, el Gobierno busca mantener la estabilidad del sistema energético, garantizar el abastecimiento oportuno de gas y electricidad, y ofrecer tranquilidad a los usuarios frente a los retos actuales del mercado energético colombiano.