Bogotá D.C., junio de 2026. La posible liquidación de Air-e abrió un nuevo frente de preocupación en el sector eléctrico colombiano. La empresa, que llegó a la Costa Caribe como reemplazo de Electricaribe, enfrenta hoy una crisis financiera que amenaza con afectar a generadores, acreedores, usuarios y a la continuidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

De acuerdo con La República, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de liquidar la electrificadora e integrar sus activos con otra empresa para crear una compañía pública que atienda toda la zona de influencia. Sin embargo, desde el sector generador advierten que esa ruta podría dejar en riesgo cerca de $2,5 billones que Air-e adeuda a sus acreedores.

El principal temor es que, si los activos de Air-e se trasladan a una nueva sociedad sin que antes se atiendan las obligaciones pendientes, los acreedores queden con una empresa vaciada financieramente y sin capacidad real de pago. Para los gremios, el proceso debe respetar el conducto regular de una liquidación, que incluye vender propiedades, plantas y equipos para atender las deudas.

La República reportó que alrededor del 68% de la obligación pendiente estaría en favor de generadoras térmicas, lo que equivale a cerca de $1,7 billones. Entre los principales acreedores del sector termoeléctrico estarían Termobarranquilla, Termocandelaria y Termoflores. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Andeg advierte riesgo legal y operativo

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), cuestionó la posibilidad de liquidar Air-e sin resolver primero las obligaciones con el mercado eléctrico. El dirigente gremial afirmó que, en el momento en que se expida una resolución de liquidación, la empresa no podría seguir prestando el servicio, lo que dejaría sin proveedor a tres departamentos de la Costa Caribe. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Para Andeg, el riesgo no es únicamente financiero. La eventual liquidación también podría generar incertidumbre operativa si no existe un operador preparado para asumir de inmediato la compra de energía, la facturación, la atención de usuarios, la operación comercial y la continuidad del servicio.

Caracol Radio también recogió la posición de Castañeda, quien sostuvo que una liquidación implicaría que Air-e deje de operar y podría afectar a cerca de 1,3 millones de hogares si no hay una empresa lista para asumir la prestación del servicio. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Generadoras térmicas, las más expuestas

El peso de las generadoras térmicas dentro de la deuda de Air-e aumenta la preocupación del sector. Estas plantas han sido claves para respaldar el sistema eléctrico en momentos de baja hidrología, especialmente durante fenómenos de El Niño, cuando se reduce la disponibilidad de generación hidráulica.

Si las térmicas no reciben los pagos correspondientes, pueden enfrentar problemas de liquidez para comprar combustibles, financiar operación, atender mantenimiento y responder a exigencias de disponibilidad. Este riesgo se vuelve más sensible en un año marcado por alertas de posibles presiones climáticas y mayores necesidades de respaldo.

El Colombiano reportó que la deuda acumulada de Air-e con el sector asciende a $2,5 billones con corte a finales de mayo de 2026, de los cuales cerca de $1,7 billones corresponden a obligaciones con generadoras. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

El debate sobre trasladar activos a una nueva empresa pública

La propuesta del Gobierno apunta a liquidar Air-e e integrar sus activos con otra compañía para crear una empresa pública que atienda la región. El problema, según los acreedores, es que los activos son precisamente una de las fuentes principales para responder por las deudas.

Si esos activos pasan a una nueva sociedad sin un mecanismo claro de pago, los acreedores podrían quedar expuestos a una pérdida significativa. Desde Andeg se ha señalado que ese escenario enviaría una mala señal al mercado: una empresa intervenida acumula obligaciones, se liquidan sus pasivos en una estructura sin activos suficientes y se transfiere la operación a una nueva entidad.

Blu Radio reportó que, según Castañeda, Air-e adeuda cerca de $2,5 billones a generadores, transmisores y otros actores de la cadena, y que una liquidación sin honrar esas deudas congelaría el problema y afectaría la confianza del mercado. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Propuestas de corto plazo: pagar o pactar una ruta creíble

Los gremios del sector eléctrico han planteado alternativas de corto y largo plazo para evitar un efecto dominó. En el corto plazo, Andeg considera que la prioridad debe ser ponerse al día con las deudas o, al menos, construir un acuerdo de pago creíble.

Castañeda señaló que no necesariamente se requeriría cubrir todos los recursos del Presupuesto General de la Nación en un solo momento, sino diseñar una ruta de pago seria y verificable. Para el gremio, la ausencia de una solución financiera clara aumenta la presión sobre toda la cadena eléctrica.

Esta discusión se vuelve más urgente porque Air-e no es una empresa aislada del sistema. Sus impagos afectan generadores, comercializadores, transportadores y demás agentes que dependen del flujo de caja del mercado eléctrico para operar.

Solución estructural para la Costa Caribe

Más allá del pago inmediato de acreencias, el sector reconoce que la región Caribe tiene condiciones diferenciales que deben ser consideradas en cualquier solución de fondo. Entre ellas están los altos índices de pobreza, la subnormalidad eléctrica, las conexiones ilegales, las pérdidas de energía, la capacidad de pago de los usuarios y las necesidades de inversión en redes.

Andeg plantea que se debe pensar en una alternativa que garantice un servicio de calidad y reconozca la capacidad de pago de los estratos más bajos, sin cargar de manera indiscriminada el problema sobre todo el universo de usuarios.

La experiencia de Electricaribe ya mostró que una crisis de distribución en la Costa Caribe puede convertirse en un problema nacional. Por eso, cualquier modelo posterior a Air-e deberá combinar sostenibilidad financiera, inversión técnica, control de pérdidas, recaudo, subsidios bien focalizados y gobernanza clara.

Procuraduría ya había pedido cuentas por la intervención

La Procuraduría General de la Nación ya había advertido que no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de Air-e tras 19 meses de intervención administrativa. El ente de control pidió cuentas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la agente interventora sobre los avances operacionales y financieros de la compañía. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

El Ministerio Público también expresó preocupación porque no existan estados financieros plenamente verificados ni se registre la publicación de informes de auditoría correspondientes. Además, advirtió sobre el aumento sostenido del pasivo corporativo, un punto que ahora vuelve al centro de la discusión por la eventual liquidación. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

En enero de 2025, la Procuraduría ya había cuestionado la falta de un plan claro y estructurado para la intervención de Air-e, al advertir que el caso podía representar un riesgo sistémico no solo para la Costa Caribe, sino para todo el sistema energético nacional. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Riesgo sistémico para el mercado eléctrico

La crisis de Air-e trasciende el debate sobre una empresa distribuidora. La deuda acumulada, la eventual liquidación, el posible traslado de activos y la continuidad del servicio en tres departamentos configuran un riesgo sistémico para el mercado eléctrico.

Si los acreedores no reciben señales claras de pago, el problema puede afectar decisiones de inversión, disponibilidad de generación, acceso a financiamiento y confianza regulatoria. En un sistema eléctrico que depende de la coordinación entre múltiples agentes, la ruptura de la cadena de pagos puede tener efectos amplios.

Además, la incertidumbre aparece en un contexto de mayor presión energética: posible Fenómeno de El Niño, déficit de gas, precios altos de energía en bolsa y necesidad de respaldo térmico. Por eso, resolver Air-e no es solo un asunto regional, sino una condición para proteger la confiabilidad del sistema.

Continuidad del servicio, deuda y confianza: los tres frentes críticos

La eventual liquidación de Air-e deberá responder simultáneamente a tres frentes. El primero es garantizar la continuidad del servicio para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. El segundo es definir una ruta para atender las deudas con generadores y demás acreedores. El tercero es preservar la confianza del mercado en las reglas del sector eléctrico.

Si alguno de estos frentes queda sin resolver, el costo podría trasladarse a usuarios, empresas, finanzas públicas o al mercado eléctrico en su conjunto. La experiencia previa de Electricaribe demuestra que las soluciones improvisadas pueden prolongar los problemas y aumentar el costo final.

Para los gremios, la prioridad es que cualquier decisión del Gobierno respete los procedimientos legales, atienda las obligaciones existentes y garantice un operador capaz de prestar el servicio sin interrupciones. Para los usuarios, lo esencial es que la crisis empresarial no se traduzca en apagones, mala calidad del servicio o nuevas presiones tarifarias.

Air-e vuelve a estar en el centro del debate energético nacional. Su posible liquidación podría convertirse en una solución si se estructura con rigor financiero, técnico y legal; pero también podría profundizar el riesgo si deja sin respuesta una deuda cercana a $2,5 billones y la continuidad del servicio en la Costa Caribe.