Un proyecto legislativo de alto impacto, comparable en complejidad con la ley de financiamiento, será presentado ante el Congreso de la República este martes 21 de octubre por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Se trata de la Ley de tarifas de energía, titulada “Regulación justa y democratización del sector energético”, una iniciativa que llega con 14 artículos ajustados tras las críticas recibidas durante su etapa de consulta pública en junio.

La promesa de campaña del presidente Petro

El proyecto busca aliviar el costo del servicio eléctrico para los usuarios, cumpliendo con una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro: reducir las tarifas de energía. Aunque se han expedido decretos previos, los usuarios —especialmente en la región Caribe— aseguran que aún no perciben una reducción en sus facturas.

El texto, al que tuvo acceso SEMANA, plantea una reestructuración profunda del sistema tarifario para corregir problemas como la ineficiencia en subsidios, cobros ajenos al consumo real, alta carga tarifaria y debilidad en los mecanismos de respaldo del sistema eléctrico nacional.

Principales propuestas del articulado

El articulado de la ley incluye medidas de gran alcance que modificarán la estructura regulatoria actual. Estos son los puntos más destacados:

• Revolcón a los subsidios: el artículo 3 redefine los criterios de entrega, condicionando los beneficios al consumo eficiente. Se protegerá a hogares vulnerables, familias numerosas y usuarios con dependencia energética por motivos de salud.
• Pago de la deuda por opción tarifaria: los estratos 5 y 6, usuarios no regulados y no residenciales asumirán el costo de la deuda generada por los estratos 1, 2 y 3 durante la pandemia, originalmente cubierta por el Estado.
• Contribuciones adicionales: los estratos altos también financiarán parcialmente los subsidios a los estratos bajos. Incluso los autogeneradores (como negocios con paneles solares) harán aportes proporcionales.
• Facturas más limpias: el artículo 4 prohíbe tasas e impuestos no vinculados directamente al consumo eléctrico.
• Tributos locales: departamentos y municipios tendrán un año para eliminar gravámenes asociados al consumo energético.
• Vigencia de metodologías tarifarias: se establece un periodo de cinco años, con revisiones anticipadas para ajustes.
• Autonomía de la CREG: podrá diferenciar precios según tipo de fuente energética y se ampliará su composición con representantes de usuarios, sindicatos y academia.
• Fondos eléctricos: se autoriza un incremento controlado de recursos del FAER, PRONE, FAZNI y FOES, priorizando su sostenibilidad y la reducción de la pobreza energética.
• Hidroeléctricas: deberán destinar un porcentaje adicional de sus ventas brutas a proyectos sociales y reducción de costos en regiones específicas.

“El objetivo de esta ley es lograr una regulación justa, una estructura tarifaria transparente y un sistema energético que beneficie a las familias colombianas, no solo a los grandes generadores”, afirmó una fuente del Ministerio de Minas y Energía.

La radicación del proyecto marca un paso decisivo en la reforma energética del Gobierno del Cambio, que busca consolidar una política tarifaria equitativa y sostenible para todos los colombianos.

Fuente: Revista Semana