Foto tomada de: El Periódico de la Energía
La justicia belga embargó bienes a España por más de 200 millones de euros debido al impago de laudos arbitrales relacionados con el recorte retroactivo de incentivos a las energías renovables. El caso, impulsado por Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, supone un nuevo capítulo en los litigios internacionales que enfrenta el país.
La medida afecta directamente a los pagos que realiza Eurocontrol a Enaire, empresa estatal española, que ahora quedarán en manos de los acreedores. Inicialmente se esperaba un embargo de 80 millones de euros, pero finalmente la cifra asciende a 207,3 millones, de los cuales 197,3 millones corresponden a Enaire y el resto a otras obligaciones menores.
Esta acción busca garantizar el cobro de la indemnización reconocida a Eurus, que ascendía a 106,2 millones de euros más intereses, tras un procedimiento de arbitraje internacional al amparo del CIADI y el Tratado de la Carta de la Energía. La falta de pago por parte del Estado español, pese a que sus intentos de anulación fueron desestimados, desencadenó la ejecución de embargos en varias jurisdicciones.
Un conflicto con repercusión internacional
- España acumula 26 laudos pendientes de pago por más de 1.492 millones de euros.
- Los intereses y sobrecostes elevan la deuda a casi 1.900 millones de euros.
- En Estados Unidos, tribunales han emitido fallos consecutivos contra España por laudos relacionados con las renovables.
- En Australia, un tribunal federal autorizó la ejecución de cuatro laudos por 469 millones de euros.
- El caso refleja la caída de la inversión extranjera en España, que cayó más del 60% en la primera mitad de 2025.
Los tribunales de Estados Unidos y Australia han reforzado las reclamaciones de empresas como RREEF, 9REN, Watkins, NextEra, Antin e Infrared, consolidando la validez de los laudos y autorizando medidas de embargo. En paralelo, el fallo en Bélgica evidencia un patrón judicial adverso para España en múltiples jurisdicciones.
La situación se ha convertido en un problema de confianza internacional. Inversores y acreedores señalan que la resolución de estos litigios es clave para recuperar la estabilidad y credibilidad de España en los mercados financieros y en la atracción de inversión extranjera.
El embargo en Bélgica se suma a una lista creciente de acciones legales contra España por el llamado hachazo a las renovables. Mientras los tribunales internacionales respaldan a los inversores, la deuda pendiente sigue aumentando, generando un fuerte impacto en la reputación y competitividad del país en el sector energético global.