La inauguración de la granja agrovoltaica en Isla Grande marca un hito en la historia energética del Caribe colombiano. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que este proyecto materializa la política energética del Gobierno del Cambio, al llevar energía como derecho humano a territorios históricamente excluidos.

Durante el evento, el ministro recordó que la comunidad permaneció “en apagón durante más de 200 años”, dependiendo de un modelo basado en diésel, costoso y altamente contaminante. Con la entrada en operación de la energía solar, la isla avanza hacia la descarbonización, la protección ambiental y la reducción de los costos que antes recaían sobre los hogares.

“Aquí se demuestra que el derecho a la energía es un ascensor social y una condición básica para la dignidad humana”, afirmó Palma, destacando que la nueva infraestructura elimina el consumo de más de 3.000 galones de diésel.

El ministro anunció además que el Gobierno nacional destinará cerca de un billón de pesos para llevar energía a territorios donde históricamente no había presencia del Estado. “Sin luz no hay igualdad, no hay desarrollo y no hay justicia social”, enfatizó.

En el marco del evento, Palma se refirió al avance de la Ley de Energía Eléctrica, que superó su segundo debate en la Cámara de Representantes. Dos de sus artículos buscan aliviar la tarifa eléctrica: la opción tarifaria y la revisión del cargo por confiabilidad.

Actualmente, los usuarios pagan alrededor de 6 billones de pesos anuales por este cargo, equivalente al 15 % de la tarifa. “La pregunta es por qué deben seguir pagando ese costo los hogares. Nuestra apuesta es aliviar el bolsillo de la gente”, sostuvo el ministro.

Finalmente, Palma reiteró el sentido social de la transición energética: “Con la revolución de la energía limpia, la gente no tiene que escoger entre pagar la luz o comer. Ese es el corazón del cambio que estamos construyendo desde territorios como Isla Grande”.

La granja agrovoltaica se consolida así como un referente nacional de transición energética justa, soberanía energética y equidad social, demostrando que es posible avanzar hacia un modelo energético más limpio e inclusivo en las comunidades del Caribe colombiano.