En el marco del FES Colombia, María Fernanda Suárez, CEO de Banco Popular, remarcó la urgencia de mejorar la capacidad de ejecución de los proyectos de infraestructura energética en el país y advirtió que, sin previsibilidad regulatoria y fiscal, las inversiones podrían paralizarse.

“No hay planeación que valga si no cambiamos la forma en que asignamos los riesgos entre el sector público y privado”, manifestó durante su intervención, señalando que el principal cuello de botella del sistema energético colombiano no es la planificación, sino su implementación.

Las demoras en proyectos de transmisión —que en algunas zonas llegan hasta 8 años— evidencian una brecha entre la planeación y la capacidad institucional y territorial para ejecutar. Para Suárez, la falta de claridad en la distribución de riesgos desalienta la inversión y transfiere costos al usuario, generando un esquema desequilibrado donde el sector privado asume riesgos que no puede controlar.

“Las demoras tienen que volverse inadmisibles”, enfatizó al exponer cómo la incertidumbre regulatoria y fiscal está afectando la confianza de los inversionistas. Si Colombia no garantiza reglas estables, la inversión se frenará, especialmente ante los desafíos energéticos previstos para 2026.

En su análisis técnico, Suárez propuso reemplazar la visión de la transición energética basada en sustitución por una lógica de adición energética. La demanda crecerá inevitablemente por la electrificación del transporte y el consumo asociado a la inteligencia artificial, por lo que el país debe incorporar más energía y no limitarse a reemplazar fuentes.

La ejecutiva destacó la resiliencia del sector privado, que ha mantenido la operación del sistema pese a la incertidumbre normativa y territorial. Sin embargo, alertó que muchos proyectos renovables llegan débilmente estructurados, sin estrategias claras de mitigación de riesgos, lo que dificulta su aprobación por los comités de crédito. “Vemos muchas veces proyectos que vienen cojos desde el punto de vista financiero”, señaló.

Suárez anticipó además que, en los próximos 18 meses, entrará en vigencia la regulación SARASOC, impulsada por la Superintendencia Financiera. Esta normativa establecerá nuevos criterios para evaluar riesgos en proyectos energéticos, favoreciendo el acceso a financiamiento para aquellas iniciativas bien alineadas con la metodología.

Finalmente, advirtió sobre la pérdida de narrativa pública del sector energético frente a intereses particulares que bloquean proyectos a nivel territorial. Aunque existen gremios y empresas consolidadas, el sector no ha logrado comunicar con claridad los impactos negativos de estas barreras en el bienestar colectivo y la seguridad energética.