La decisión del gobierno del presidente :contentReference[oaicite:0]{index=0} de imponer una contribución adicional del 2% sobre las ventas brutas de energía generó preocupación en el sector energético colombiano. La medida fue adoptada dentro de la declaratoria de emergencia económica y climática que afecta a varios departamentos del país.

Este nuevo impuesto se aplicará tanto a generadoras hidroeléctricas como térmicas, incluyendo las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), lo que podría afectar directamente la estructura financiera de estas compañías y, eventualmente, trasladarse al precio que pagan los usuarios en sus facturas de electricidad.

Impacto en las pequeñas hidroeléctricas

Expertos del sector señalan que el mayor impacto se sentirá en las PCH, ya que suelen operar con márgenes financieros más ajustados y una mayor exposición a la variabilidad hidrológica. Además, el impuesto se calcula sobre las ventas brutas y no sobre las utilidades, lo que obliga a pagar el tributo incluso en escenarios de baja rentabilidad.

Según Catalina Rueda, directora ejecutiva del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (Ceera), esta decisión podría afectar el flujo de caja de decenas de plantas que operan en regiones como Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

Actualmente existen más de 50 centrales entre hidroeléctricas y termoeléctricas que podrían verse impactadas por esta nueva carga tributaria, lo que genera preocupación en el sector frente a la sostenibilidad financiera de varios proyectos energéticos.

Posible aumento en el recibo de la luz

Uno de los principales temores es que el nuevo impuesto termine trasladándose al consumidor final. De acuerdo con expertos del sector energético, muchos contratos de venta de energía incluyen cláusulas que permiten transferir nuevos impuestos o cargas regulatorias a la tarifa final.

Esto podría representar un incremento de entre $6 y $8 pesos por kilovatio hora, lo que significaría un aumento cercano al 1% en la factura mensual de energía para los hogares colombianos.

Algunos analistas incluso estiman que el componente de generación podría subir cerca de un 2% dependiendo de factores como subsidios, estrato socioeconómico y condiciones del mercado eléctrico.

Preocupación por la inversión en el sector energético

El sector también advierte que los cambios regulatorios frecuentes pueden afectar la confianza de los inversionistas en Colombia. Los proyectos de generación eléctrica requieren grandes inversiones y horizontes de desarrollo que pueden extenderse entre cinco y quince años.

Ante este panorama, empresarios del sector energético consideran que medidas tributarias inesperadas podrían aumentar la percepción de riesgo país y dificultar la financiación de nuevos proyectos de generación eléctrica, especialmente en energías renovables y pequeñas hidroeléctricas.

La discusión sobre este nuevo impuesto se da en un momento clave para el país, donde la transición energética, el crecimiento de la demanda eléctrica y la necesidad de nuevas inversiones en infraestructura energética son temas centrales para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico colombiano.