Colombia enfrenta nuevamente el riesgo de un racionamiento de energía y gas, situación que podría tener consecuencias económicas y sociales significativas. Según un estudio de Fedesarrollo, un escenario de este tipo podría costarle al país hasta 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), además de aumentar el desempleo y la pobreza.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que durante el apagón de 1992, la economía colombiana creció un 4%, pero sin el racionamiento, el crecimiento habría sido del 5,5%. Esto evidencia el impacto negativo que una crisis energética puede tener en el desarrollo económico del país.

Además del impacto en el PIB, un racionamiento podría generar la pérdida de aproximadamente 230.000 empleos y aumentar la pobreza en más de 200.000 personas. Estos efectos se sumarían a los desafíos actuales que enfrenta el sector energético colombiano, como el retraso en proyectos de generación y transmisión, y la dependencia de fuentes hídricas vulnerables a fenómenos climáticos como El Niño.

Expertos del sector, como Natalia Gutiérrez de Acolgen y Camilo Sánchez de Andesco, han señalado la necesidad urgente de invertir en infraestructura energética y diversificar las fuentes de energía para evitar futuras crisis. También se destaca la importancia de políticas públicas que faciliten el licenciamiento ambiental y social de nuevos proyectos energéticos.

En conclusión, Colombia debe tomar medidas inmediatas para fortalecer su sistema energético y evitar un racionamiento que podría tener consecuencias económicas y sociales devastadoras. La inversión en infraestructura, la diversificación de fuentes de energía y la implementación de políticas efectivas son esenciales para garantizar la seguridad energética del país.