Desde el pasado 20 de febrero de 2026, los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) iniciaron una huelga indefinida solicitando mejoras salariales y nuevos beneficios laborales. De acuerdo con estimaciones de la compañía, atender todas las peticiones implicaría un costo cercano a $243.000 millones.

Entre las principales solicitudes se encuentra un aumento salarial adicional al incremento del 23,7% definido para el periodo 2025-2026. Los trabajadores también piden beneficios como auxilios sindicales, apoyo en alimentación, seguro de vida, acceso a fondos de vivienda, educación y mejoras en salud.

El Ministerio de Trabajo reconoció el derecho constitucional a la huelga, pero reiteró que su ejercicio debe garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales, como la energía eléctrica, para evitar afectaciones a la comunidad.

Preocupación en el sector energético

Gremios del sector han expresado su inquietud ante la situación, advirtiendo que una interrupción prolongada del servicio podría tener impactos significativos en la región. Asocodis hizo un llamado a las partes para evitar afectaciones a la prestación del servicio eléctrico, fundamental para la salud, la seguridad y la economía.

Según estimaciones del sector, una eventual suspensión podría impactar a más de 958.000 usuarios, incluyendo usuarios rurales, centros de salud, hogares geriátricos y poblaciones vulnerables que dependen del suministro continuo de energía.

Asimismo, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) advirtió que la operación del sistema eléctrico es continua e interdependiente, lo que dificulta garantizar esquemas de servicios mínimos sin comprometer la estabilidad de la red.

Las autoridades han solicitado diálogo entre las partes para evitar una crisis mayor y proteger los derechos tanto de los trabajadores como de los usuarios, mientras se buscan acuerdos que permitan resolver el conflicto sin comprometer la prestación del servicio público.