Bogotá D.C., junio de 2026. Los principales gremios del sector energético colombiano alertaron sobre los riesgos que podría generar la decisión anunciada por el Gobierno nacional de liquidar Air-e, empresa intervenida que presta el servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El pronunciamiento fue suscrito por organizaciones como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP). Los gremios señalaron que la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y el abastecimiento de gas natural son asuntos estratégicos para el país.

Según el comunicado citado por La República, la liquidación de Air-e fue calificada por los gremios como una decisión apresurada y sin fundamento técnico suficiente. Las organizaciones pidieron que cualquier determinación sobre el futuro de la compañía se adopte con base en la ley, la continuidad del servicio, la atención de los pasivos acumulados y la estabilidad del mercado energético.

La alerta se produce en medio de un deterioro financiero de la compañía intervenida y de una discusión nacional sobre el futuro del servicio eléctrico en la Costa Caribe. Air-e atiende cerca del 11,3% de la demanda nacional de energía y mantiene obligaciones por alrededor de $2,7 billones con agentes del mercado eléctrico, según el reporte.

Deuda con agentes del mercado preocupa a los gremios

Uno de los principales puntos de preocupación es la deuda acumulada de Air-e con agentes del mercado eléctrico. De los cerca de $2,7 billones en obligaciones, aproximadamente $1,7 billones corresponderían a generadores térmicos.

Esta cifra es especialmente sensible porque las plantas térmicas cumplen un papel clave en la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, sobre todo en periodos de baja hidrología o cuando se requiere respaldo adicional para atender la demanda. Si la cadena de pagos se rompe, los generadores pueden enfrentar restricciones de liquidez para comprar combustibles, financiar operación y mantener disponibilidad.

En días previos, La República también reportó que Air-e adeudaba cerca de $2,5 billones a sus acreedores y que el 68% de esa obligación estaba en favor de generadoras térmicas, lo que evidencia la magnitud del riesgo financiero para la cadena eléctrica.

Riesgo para la continuidad del servicio en la Costa Caribe

Los gremios advirtieron que una liquidación sin una solución empresarial previa podría comprometer la continuidad del servicio para los usuarios de la región Caribe. Air-e presta servicio en tres departamentos estratégicos y su operación no puede detenerse sin que exista un operador idóneo, una ruta de transición y garantías para los usuarios.

La preocupación no es solo jurídica o financiera. También es operativa. Un distribuidor-comercializador de energía debe comprar energía, recaudar pagos, atender redes, gestionar pérdidas, responder por usuarios, contratar suministro y cumplir obligaciones ante el mercado mayorista. Trasladar esa operación requiere planeación, autorizaciones y capacidad técnica.

Por eso, las organizaciones pidieron una solución estructural que garantice la continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas natural. En su criterio, cualquier decisión sobre Air-e debe fortalecer, y no debilitar, la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Gremios advierten impacto sobre energía y gas natural

El comunicado también relaciona la crisis de Air-e con la estabilidad del abastecimiento de gas natural. Los gremios señalaron que muchos generadores térmicos afectados por las deudas de Air-e importan actualmente cerca del 30% del gas natural que requiere el país.

Este punto eleva la preocupación porque el gas natural es un combustible clave para la generación térmica, especialmente cuando los embalses bajan y el sistema necesita respaldo para cubrir la demanda. Si las térmicas tienen problemas de liquidez por impagos, podrían enfrentar dificultades para asegurar combustible en condiciones oportunas.

La situación se vuelve más delicada ante un eventual Fenómeno de El Niño, que puede reducir la generación hidroeléctrica y aumentar la dependencia de plantas térmicas. En ese escenario, la solvencia financiera de los generadores y la estabilidad contractual del gas se vuelven elementos centrales para la confiabilidad del sistema.

El Niño aumenta la sensibilidad de la decisión

Los gremios señalaron que la coyuntura adquiere mayor relevancia por el Fenómeno de El Niño que se extendería durante los próximos meses. Este escenario demanda condiciones adecuadas de solvencia financiera y operación para garantizar el abastecimiento energético y de gas natural del país.

Durante eventos de baja hidrología, el sistema eléctrico colombiano suele depender más de la generación térmica para compensar la reducción en los aportes de agua a los embalses. Por eso, cualquier afectación a la cadena de pagos de generadores térmicos puede convertirse en un problema de confiabilidad.

En marzo de 2026, Andesco ya había advertido que el sector enfrentaba presiones financieras por $9,2 billones, derivadas de subsidios pendientes, opción tarifaria, deudas oficiales y la crisis de Air-e. En ese momento, los gremios alertaron que la falta de liquidez limitaba la capacidad de las empresas para operar, mantener infraestructura y ejecutar inversiones necesarias.

Liquidación debe respetar procedimientos legales

Las organizaciones también insistieron en que cualquier liquidación debe sujetarse a las condiciones y procedimientos previstos en la ley. Air-e se encuentra bajo toma de posesión, una modalidad que contempla una etapa de administración temporal orientada a estructurar una solución empresarial, garantizar la continuidad del servicio y atender obligaciones existentes.

Para los gremios, antes de avanzar hacia una eventual liquidación deben agotarse los mecanismos de solución empresarial previstos en el ordenamiento jurídico. Esto implica definir un esquema que asegure la continuidad del servicio, la administración de los pasivos acumulados y una transición ordenada.

De lo contrario, advierten que se podrían desnaturalizar los objetivos de la intervención estatal y generar riesgos adicionales para el sistema eléctrico nacional. La intervención de una empresa de servicios públicos no solo busca controlar una crisis, sino preservar la prestación del servicio y proteger a los usuarios.

El antecedente de Electricaribe sigue pesando

La crisis de Air-e revive el recuerdo de Electricaribe, cuya liquidación y posterior división de mercado buscaban resolver problemas históricos de calidad, pérdidas, cartera e inversión en la Costa Caribe. Air-e nació como parte de esa reorganización, con la expectativa de mejorar el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Sin embargo, la empresa no logró consolidar una operación financieramente sostenible. La combinación de altos niveles de pérdidas, cartera pendiente, subnormalidad eléctrica, capacidad de pago limitada en algunos segmentos y obligaciones crecientes terminó agravando su situación.

Para los gremios, repetir una liquidación sin resolver los problemas estructurales de fondo podría profundizar la incertidumbre. La región Caribe requiere un modelo de prestación que garantice calidad, inversión, sostenibilidad financiera y reconocimiento de sus condiciones sociales y económicas particulares.

Cadena de pagos bajo presión

El mercado eléctrico funciona como una cadena de pagos en la que usuarios, comercializadores, distribuidores, generadores, transmisores y operadores dependen de flujos financieros constantes. Cuando un actor de gran tamaño deja de pagar, el problema puede propagarse a todo el sistema.

Air-e no es un agente menor. Al atender más de una décima parte de la demanda nacional de energía, sus obligaciones impactan directamente a empresas que suministran energía, respaldo térmico, transporte y otros servicios esenciales para la operación del sistema.

La preocupación de los gremios es que la liquidación no solucione la deuda, sino que la traslade o la deje sin una fuente clara de pago. Esto podría afectar la confianza de inversionistas, entidades financieras y empresas del sector, justo cuando Colombia necesita nuevas inversiones en generación, transmisión, almacenamiento y gas.

Una solución estructural para proteger usuarios y mercado

Las organizaciones energéticas pidieron al Gobierno avanzar en una solución estructural que garantice continuidad del servicio, estabilidad del sistema y atención de las obligaciones. Esto implica definir quién asumirá la operación, cómo se manejarán los pasivos acumulados, qué recursos respaldarán la transición y cómo se protegerá a los usuarios.

La solución también deberá considerar las condiciones particulares de la Costa Caribe. La región enfrenta altos índices de pobreza, pérdidas no técnicas, conexiones irregulares, redes con necesidades de inversión y una estructura de usuarios que requiere políticas diferenciadas.

En ese contexto, una nueva empresa pública, una integración de activos o cualquier otro esquema institucional deberá estar acompañado por reglas claras, financiamiento suficiente, gobernanza técnica y una estrategia realista para mejorar recaudo, reducir pérdidas y sostener inversiones.

Procuraduría y veedurías han pedido claridad

La discusión sobre Air-e también ha sido seguida por organismos de control y veedurías ciudadanas. La Procuraduría ha pedido reportes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre los avances operacionales y financieros de la intervención, al advertir que no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de la empresa.

La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, integrada por organizaciones empresariales y cámaras de comercio de la región Caribe, también ha señalado que una eventual liquidación sin operador de reemplazo, plan de pago y garantías de continuidad podría afectar a más de 1,3 millones de usuarios y profundizar la incertidumbre del servicio.

Estas alertas muestran que el problema de Air-e ya no se limita a una discusión empresarial. Se trata de un asunto de interés público que involucra usuarios, Gobierno, generadores, operadores, acreedores, entidades de control y estabilidad del sistema energético.

Air-e, un riesgo que trasciende la región Caribe

Aunque Air-e opera en la Costa Caribe, su deterioro financiero tiene alcance nacional. La empresa participa en el mercado mayorista, compra energía a generadores, interactúa con agentes de gas y representa una porción significativa de la demanda eléctrica del país.

Si sus obligaciones no se atienden, los efectos pueden extenderse a generadores térmicos, comercializadores, transportadores, entidades financieras y usuarios de otras regiones. La estabilidad de la cadena energética depende de que las obligaciones se cumplan y de que las decisiones institucionales mantengan confianza.

En medio de alertas por El Niño, déficit de gas, retrasos de proyectos y presión sobre la generación térmica, los gremios piden que la solución a Air-e sea técnica, jurídica y financieramente sostenible.

La liquidación puede ser una alternativa dentro del ordenamiento legal, pero, según los gremios, no debe convertirse en una decisión improvisada. Antes de avanzar, el Gobierno deberá demostrar cómo garantizará continuidad del servicio, pago a acreedores, solvencia operativa y estabilidad para el Sistema Eléctrico Nacional.