Bogotá D.C., enero de 2026. Los principales gremios del sector eléctrico manifestaron su rechazo a las nuevas cargas tributarias creadas por el Ministerio de Hacienda, destinadas a financiar la recuperación de Air-e, empresa intervenida por el Gobierno desde septiembre de 2024.

Air-e enfrenta una compleja situación financiera, con deudas que ya superan los 2,5 billones de pesos. Al momento de la intervención, el pasivo rondaba los 500.000 millones, cifra que se ha multiplicado sin que, según los gremios, se haya presentado una solución estructural.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, calificó el decreto como irresponsable y aseguró que obliga al sector a asumir una carga que no le corresponde. “Cuando se hizo la intervención, la deuda era de 500.000 millones, hoy supera los 2,5 billones. El Gobierno no ha resuelto el problema y ahora pretende trasladarlo a los generadores”, afirmó.

Desde Andeg se advirtió que los nuevos tributos afectan seriamente la estabilidad financiera del sector y debilitan la credibilidad del marco institucional. En la misma línea, Acolgén señaló que estas decisiones alteran de forma intempestiva el marco jurídico vigente y generan incertidumbre regulatoria.

Andeg recordó que Colombia necesita invertir entre 10 y 13 billones de pesos anuales para garantizar el suministro de energía a futuro. “Cambiar las reglas de juego de manera abrupta debilita la confianza para invertir, justo cuando el país enfrenta un riesgo de escasez de energía firme que podría llegar al 3,5 % en 2027, según XM”, indicó el gremio.

El primer tributo establecido corresponde a una contribución parafiscal del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos de las generadoras, destinada al fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superservicios. El recaudo estimado sería cercano a 300.000 millones de pesos.

Según Andeg, esta contribución resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que los generadores, en particular los térmicos, mantienen acreencias con Air-e por 1,2 billones de pesos, a lo que se suman cerca de 500.000 millones correspondientes a obligaciones con el resto de la cadena.

En la práctica, el decreto obliga a los generadores a contribuir al pago de su propia deuda, situación que —según los gremios— vulnera la suficiencia financiera del esquema, desincentiva la inversión y deteriora la confianza en las instituciones.

“¿Quién hará inversiones en este país si cambian las reglas de juego de esta manera? Este sector ha evitado un apagón y con este decreto el riesgo se incrementa”, advirtió nuevamente el presidente de Andesco.

El decreto también contempla una contraprestación tributaria transitoria a cargo de las hidroeléctricas del Mercado de Energía Mayorista, que deberán entregar el 12 % de la energía vendida en bolsa para garantizar la continuidad del servicio en empresas intervenidas, a cambio de un descuento en el impuesto de renta.

Para Andeg, esta medida introduce distorsiones en el modelo eléctrico, al establecer cruces de cuentas que no ofrecen una solución estructural ni sostenible a la problemática de Air-e.