Foto tomada de: La República
Los gremios del Caribe, agrupados en la Veeduría Ciudadana, interpusieron una acción de cumplimiento para que el Gobierno Nacional inyecte recursos a la electrificadora Air-e, intervenida desde 2024. La medida busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico a más de 1,4 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La acción fue instaurada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, argumentando que los recursos pueden gestionarse mediante garantías y créditos de la Nación, sin implicar un gasto presupuestal adicional. Según los demandantes, este financiamiento es indispensable para asegurar la continuidad de un servicio público esencial.
La instauración del recurso coincide con el primer año de intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios, cuya gestión, según los gremios, ha mostrado serias deficiencias, falta de articulación y escasa eficacia.
Principales preocupaciones de los gremios
- Ausencia de un plan de intervención definido por el Gobierno desde la toma de posesión.
- Parálisis en el plan de inversiones de Air-e para modernización y mantenimiento de redes.
- Riesgo creciente de apagones en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
- Falta de articulación y eficacia en la gestión de la empresa intervenida.
Los gremios advirtieron que la crisis financiera y operativa de la empresa amenaza la estabilidad del servicio eléctrico en la región. “Si bien esperamos resultados favorables de todas estas acciones, seguimos dispuestos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para buscar las garantías necesarias que eviten un apagón en estos departamentos y aseguren un servicio estable y de calidad”, señalaron en su comunicado.
Con este recurso jurídico, los gremios del Caribe buscan que el Gobierno Nacional adopte medidas urgentes para estabilizar la operación de Air-e y proteger el suministro eléctrico en una región históricamente afectada por deficiencias en el servicio.
