Los Intergremiales del Atlántico y Magdalena, junto con las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, respaldaron de manera condicionada el proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía que propone un incremento de $8 por kWh en el componente de restricciones de la fórmula tarifaria del servicio de energía eléctrica.

Según los gremios, la medida busca evitar una crisis generalizada del Sistema Eléctrico Nacional, derivada de las obligaciones financieras vencidas de Air-e Intervenida con generadores, transmisores y otros agentes del mercado, las cuales representan cerca del 40% de la demanda eléctrica del país.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Minas y Energía, dichas deudas ascendían a $2,5 billones a corte de diciembre, con un crecimiento mensual cercano a los $145.000 millones. Esta situación ha trasladado la presión financiera a los transmisores y generadores, especialmente a las termoeléctricas, que han alcanzado el límite de su capacidad para adquirir gas natural, el cual debe pagarse de forma anticipada.

“De persistir este escenario, existe un alto riesgo de apagones en la Región Caribe por falta de generación, lo que podría materializar un riesgo sistémico para todo el Sistema Eléctrico Nacional”, advirtieron los gremios en su pronunciamiento.

Señalan además que el problema no es exclusivamente regional, sino una amenaza directa a la continuidad del suministro de energía en todo el país, dado que la generación térmica es un soporte clave del sistema eléctrico colombiano. Un eventual colapso de Air-e Intervenida y de las termoeléctricas podría derivar en un racionamiento generalizado.

Los gremios explicaron que el incremento propuesto representaría aproximadamente un 1% adicional sobre el valor actual de las facturas de los usuarios, un esfuerzo que consideran razonable si contribuye a garantizar la continuidad del servicio y a mitigar un riesgo mayor para el país.

También identificaron como causa estructural de la crisis la suspensión del mecanismo de limitación de suministro a los comercializadores y distribuidores del Caribe, establecido en la Resolución CREG 116 de 1998, medida que fue ordenada por el Gobierno nacional y que alteró las condiciones normales de operación del mercado.

A juicio de los firmantes, el Gobierno no contó con un plan de gestión adecuado para respaldar la intervención de Air-e ni recurrió oportunamente a otras fuentes de recursos que permitieran garantizar su liquidez operativa.

El respaldo a la medida tarifaria está condicionado a que sea transitoria y claramente definida, con criterios técnicos verificables, un monto total a recaudar explícito y la certeza de que no constituye un subsidio regional ni un impuesto, ya que los recursos no ingresarían al Presupuesto General de la Nación.

Finalmente, los gremios insistieron en la urgencia de avanzar hacia una solución estructural para el sistema eléctrico del Caribe, que reconozca los altos niveles de pobreza, la limitada capacidad de pago de los usuarios, la profundización de la pobreza energética y el rezago histórico en la prestación del servicio en la región.