En medio de ajustes regulatorios en el sector eléctrico colombiano, el gobierno del presidente Gustavo Petro impulsó la adopción del nuevo esquema de precio de escasez, al que se acogieron las generadoras públicas Gecelca, Gensa y Urrá.

La medida busca reducir la especulación en el mercado de energía y, eventualmente, disminuir los costos para los usuarios. Sin embargo, su impacto real sigue siendo objeto de debate entre expertos y actores del sector.

Cambios en el precio de escasez

El nuevo esquema introduce dos niveles dentro del precio de escasez: uno superior y otro inferior. Este último aplicará principalmente a plantas con costos variables más bajos, como las hidroeléctricas, con el objetivo de limitar el precio en bolsa en momentos de alta demanda o baja oferta.

Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), este mecanismo cumple funciones clave dentro del sistema, como activar la entrega de energía firme, establecer techos de precios y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.

Impacto limitado en tarifas

Expertos del sector advierten que el impacto en las tarifas de los usuarios podría ser reducido. Esto se debe a que el componente de bolsa de energía representa entre el 10% y el 15% de la factura final.

En escenarios donde varias plantas adopten el esquema, el incremento en el costo podría ser inferior al 1%, lo que limita el efecto directo sobre los precios que pagan los consumidores.

Riesgos en escenarios de sequía

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el manejo de los recursos hídricos. Analistas advierten que un precio de escasez más bajo podría activar de manera anticipada la obligación de generar energía, lo que llevaría a un uso más rápido del agua en los embalses.

Esto podría reducir la capacidad de respuesta del sistema eléctrico en escenarios prolongados de sequía, afectando la estabilidad energética del país en momentos críticos.

Debate regulatorio y participación del mercado

Aunque el esquema es de adhesión voluntaria, la participación inicial del sector privado fue limitada, lo que llevó al Gobierno a impulsar su adopción por parte de empresas públicas.

Actualmente, estas compañías representan cerca del 8% de las obligaciones de energía firme del sistema, lo que implica un impacto moderado en el corto plazo, pero abre un debate sobre el futuro del mercado eléctrico y la estabilidad regulatoria en Colombia.