Foto tomada de: Bloomberg Línea
En entrevista exclusiva con Bloomberg Línea, el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, advirtió sobre un riesgo creciente para la seguridad energética de Colombia debido a retrasos legales en proyectos clave como Chivor II y al déficit de gas natural previsto para 2026.
Riesgo energético por déficit de gas natural
Ortega advirtió que la brecha entre la oferta y la demanda de gas natural en el país se profundizará hacia 2026, alcanzando un déficit estimado de 100 millones de pies cúbicos diarios para finales de ese año. Esta situación, señaló, podría generar distorsiones en el mercado, aumento de tarifas y pérdida de competitividad industrial.
Según el presidente del GEB, el problema de oferta y demanda de gas “ya es estructural” y por ello urge construir una nueva planta de gasificación que entre en operación en 2026. Aunque las ampliaciones de Promigás y TGI mitigan el riesgo en el corto plazo, advirtió que para 2027 la situación podría ser mucho más compleja.
Ortega también denunció que algunos actores del mercado están aprovechando la escasez para elevar los precios secundarios del gas a niveles “absurdamente altos”, lo que afecta tanto a las empresas industriales como a los usuarios finales.
Chivor II, proyecto clave para la expansión energética
El Proyecto de Expansión Eléctrica UPME 03-2010, conocido como Chivor II, busca fortalecer la transmisión eléctrica entre el oriente y el centro del país mediante la construcción de una nueva subestación y más de 170 torres de alta tensión. Esta infraestructura es fundamental para mejorar la confiabilidad del suministro y reducir las pérdidas del sistema.
Sin embargo, su ejecución ha enfrentado múltiples retrasos. Aunque el GEB cuenta con licencias aprobadas, “una serie de tutelas y maniobras legales” ha frenado el avance del proyecto, según Ortega. “Con la ANLA no hemos tenido problemas; el problema fue el Ministerio de Ambiente con la exministra Susana Muhamad, y con tutelas interpuestas por opositores con intereses personales”, afirmó.
El directivo mencionó que pequeños errores administrativos han sido usados para bloquear decisiones clave: “En Santander íbamos a construir 175 torres desde octubre, pero la sesión se canceló porque notificaron mal la hora. Esos trucos legales mueven proyectos de octubre a febrero. Así no se puede avanzar”.
Oposición ciudadana y bloqueos judiciales
Entre los opositores más visibles se encuentra Gustavo Adolfo Leal Acosta, representante de la Veeduría Ciudadana del Proyecto Chivor II, quien ha liderado acciones judiciales y comunitarias para exigir transparencia y revisión de los estudios de impacto ambiental.
Ortega lo considera un obstáculo para el avance del proyecto, afirmando que “Leal bloquea todo lo que tiene que ver con las líneas que llegan a Bogotá. Es muy efectivo usando tutelas y estrategias legales para frenar las obras”.
Desde la otra orilla, los documentos oficiales señalan que las acciones de Leal buscan garantizar el acceso a la información y el cumplimiento de las normas ambientales. Bloomberg Línea intentó contactarlo para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta.
Implicaciones políticas y empresariales
El conflicto alrededor de Chivor II revela los desafíos institucionales que enfrenta la expansión energética del país. Ortega destacó que, si bien la relación con la actual ministra de Minas ha mejorado, los bloqueos judiciales siguen generando costos económicos significativos.
El GEB también avanza en conversaciones con Ecopetrol para asegurar la importación y regasificación de gas natural, una medida que busca estabilizar el mercado y garantizar el suministro energético en los próximos años.
Ortega resaltó que “Ecopetrol tiene una visión de largo plazo y está dispuesto a colaborar en la solución del déficit. Somos optimistas en llegar a un acuerdo que beneficie a todo el sistema”.
Un riesgo latente para la seguridad energética
Los retrasos en proyectos como Chivor II y la lentitud en nuevas licencias de gasificación podrían poner en riesgo la seguridad energética nacional hacia finales de la década. Ortega advirtió que, de no ejecutarse las obras a tiempo, el país podría enfrentar interrupciones eléctricas y alzas tarifarias difíciles de revertir.
Para el presidente del GEB, el futuro energético de Colombia depende no solo de la inversión, sino también de una gestión institucional eficiente que logre equilibrar los intereses económicos, ambientales y sociales.
Finalmente, Ortega reveló que el GEB evalúa una emisión de bonos y una posible salida al mercado de capitales antes de finalizar el año, con el fin de atraer nuevos inversionistas y fortalecer su posición en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).