Foto tomada de: Portafolio
El Gobierno Nacional anunció el pago de $2,5 billones en subsidios atrasados de energía y gas correspondientes a 2024. La decisión se dio tras la inminencia de un fallo judicial que obligaba a saldar la deuda con las empresas del sector.
Durante más de un año, gremios del sector eléctrico advirtieron sobre los graves impactos financieros que podría generar el retraso en los pagos, alertando incluso sobre un posible apagón financiero que afectaría a millones de usuarios.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el esfuerzo fiscal realizado junto al Ministerio de Hacienda demuestra el compromiso del Gobierno con la seguridad energética y descarta los temores de un colapso en el servicio.
La presión judicial detrás del pago
La verdadera razón del giro de recursos fue la cercanía de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho.
El concepto de la Procuradora 25 Judicial II Administrativa, Laura Marcela Olier Martínez, recomendó fallar a favor de los demandantes, ordenando al Gobierno pagar los subsidios reconocidos y establecer mesas permanentes de trabajo con gremios, Procuraduría y Contraloría.
Deuda y riesgo sistémico
El documento oficial reveló que la deuda reconocida al 30 de abril de 2024 alcanzaba $1,49 billones, lo que ponía en riesgo la liquidez de las empresas comercializadoras.
La Procuraduría y la Contraloría advirtieron sobre un riesgo sistémico real que podría afectar el suministro de energía, en especial a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, quienes dependen de los subsidios para garantizar el acceso al servicio.
Con este giro masivo de recursos, el Gobierno busca frenar la crisis financiera del sector energético y evitar un colapso en el suministro eléctrico y de gas. Sin embargo, las entidades de control mantienen la lupa sobre la situación, que continúa siendo un desafío clave para la estabilidad energética del país.
