Publicado por El Colombiano • Mayo 30, 2025
La hidroeléctrica de Urrá, considerada una joya energética en Córdoba, atraviesa una crisis de gobernabilidad tras la captura de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, implicado en el escándalo de la UNGRD.
El vacío de poder ha intensificado una disputa por el control de la junta directiva, con movimientos irregulares y denuncias por contratos millonarios asociados al Parque Solar Urrá 19,9.
La situación ha llamado la atención de entidades estatales y medios nacionales, al involucrar nombres como Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y empresas como Luxim Ingeniería y Power China.
Conflicto interno en la junta directiva
El jueves pasado, la junta directiva de Urrá nombró como nuevo presidente a Juan Acevedo Rocha, en una decisión polémica, ya que Eduardo Díaz, su antecesor, aún se encontraba en funciones. Según fuentes locales, Díaz fue despedido por haber terminado el contrato de Acevedo, lo que habría motivado su remoción.
Díaz, cercano al clan Calle, habría sido reemplazado con apoyo del Gobierno. Además, Acevedo es un pensionado, lo que plantea dudas legales sobre su elegibilidad.
Denuncias por corrupción y vínculos políticos
En diciembre pasado, una denuncia enviada al Ministerio de Hacienda mencionó a Nicolás Alcocer Petro y a la empresa Luxim Ingeniería S.A.S. por su participación en el retrasado Parque Solar Urrá 19,9, cuyo contrato está atrasado más de dos años.
La representante legal de Luxim, Luz Amparo Muñoz Petro, tiene vínculos familiares con el círculo cercano del presidente, y los documentos revelan presiones y amenazas a los actuales directivos de Urrá para favorecer al consorcio encargado del proyecto.
Se suman fotografías de Alcocer con socios de Luxim y Power China, lo que refuerza los señalamientos de tráfico de influencias en procesos licitatorios.
Investigaciones en curso
La Fiscalía ha retomado investigaciones relacionadas con Urrá tras los anexos enviados por el ministro Bonilla. Las pesquisas incluyen informes de auditoría que apuntan a gestión deficiente, contratos sospechosos y presuntas pérdidas millonarias.
La situación plantea interrogantes sobre el futuro administrativo de la hidroeléctrica y el impacto de estos escándalos sobre la transición energética y la institucionalidad en el sector energético colombiano.
