Según la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC, ambas empresas habrían incurrido en prácticas reiteradas que restringieron la participación de oferentes calificados en al menos 47 procesos de contratación, cuyas cuantías superan los $1,4 billones.

En el caso de EPM, se identificó la imposición de condiciones como el cobro por participar, limitaciones a la conformación de consorcios, y restricciones al régimen de responsabilidad. Estas condiciones impactaron al menos 24 procesos entre 2020 y 2023.

Por parte de Dispac, se evidenció la exigencia de pagos para participar y limitaciones a las estructuras plurales en 23 procesos, entre 2019 y 2023, por más de $400.000 millones.

¿Qué normas habrían sido vulneradas?

La presunta conducta infringe el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, que prohíbe prácticas que restrinjan la libre competencia. La SIC indica que, aunque los procesos no están sujetos al Estatuto General de Contratación Pública, las empresas deben respetar principios como la selección objetiva y la transparencia.

Dispac, además, habría aprovechado vacíos normativos para imponer barreras de entrada injustificadas, afectando la pluralidad y eficiencia en la contratación pública.

Declaraciones de la Superintendencia

La superintendente Cielo Rusinque afirmó que estas investigaciones son clave para proteger a los consumidores, ya que las barreras injustificadas reducen la calidad del servicio y elevan costos.

“Impiden que se obtengan las mejores ofertas posibles y generan ineficiencias que terminan trasladándose al usuario final”, puntualizó Rusinque.