Foto tomada de: Bloomberg Línea
El Gobierno de Estados Unidos busca modificar las prácticas discriminatorias en el sector energético de México, según un reporte de la Casa Blanca que plantea cambios dentro de la renegociación del T-MEC.
El documento denominado Política Comercial Primero Estados Unidos señala que el Representante Comercial de EE.UU. (USTR) debe iniciar el proceso de revisión del tratado antes de julio de 2026. Dentro de las prioridades se incluyen ajustes para enfrentar políticas que privilegian a empresas estatales mexicanas como Pemex y CFE.
Bajo la administración de Joe Biden, en 2022, EE.UU. ya había iniciado consultas con México por la política energética que favorecía a las estatales. Con el nuevo gobierno de Donald Trump, las presiones comerciales se han intensificado, incluyendo el uso de aranceles como herramienta de negociación.
La reforma energética de Claudia Sheinbaum
En noviembre de 2024, México reformó su Constitución en materia energética, reforzando el papel de las empresas estatales y limitando la inversión privada. En marzo de 2025 se aprobaron las leyes secundarias que consolidan este cambio, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria ha defendido que no existe contradicción entre estas reformas y el T-MEC, afirmando en febrero de 2025 que las nuevas leyes son compatibles con el tratado comercial.
Trump ha señalado que busca reglas de origen más estrictas y mayor acceso a mercados clave, como los lácteos en Canadá. En el caso de México, los ajustes estarían orientados a garantizar condiciones equitativas en el sector energético y mayor apertura para la inversión extranjera.
La renegociación del T-MEC se perfila como un punto crítico para el futuro de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, en especial por la relevancia estratégica del sector energético en ambos países.
El debate sobre el futuro del sector energético mexicano sigue abierto. Mientras Washington presiona para eliminar prácticas discriminatorias, la administración Sheinbaum busca consolidar un modelo energético centrado en las empresas estatales, un choque que marcará el rumbo de la próxima renegociación del tratado.
