La reciente expedición de un proyecto de resolución con el que el Gobierno convoca un nuevo mecanismo de contratación de energía eléctrica a largo plazo ha generado inquietudes dentro del sector eléctrico. Aunque el Ministerio de Minas y Energía asegura que la subasta busca garantizar el abastecimiento, diversificar la matriz y avanzar en la transición energética, expertos advierten riesgos significativos.

Para Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el proceso podría no ser exitoso debido a que está enfocado únicamente en proyectos de energías renovables como solar, eólica y almacenamiento, en un contexto de oferta ajustada.

“Es una subasta dirigida a una tecnología específica. Hablan de renovables, baterías y eólicos, pero aún hay muchas definiciones pendientes. Además, debe adjudicarse antes del 30 de junio, mientras otra subasta de cargo por confiabilidad sigue abierta”, señaló Castañeda.

El dirigente gremial también advirtió que este enfoque segmentado excluye otras fuentes de generación en un momento de aumento sostenido de la demanda eléctrica, lo que podría derivar en precios menos competitivos para los usuarios.

“Cuando se segmenta la oferta y no se permite competir a todas las tecnologías bajo neutralidad tecnológica, los usuarios terminan pagando precios que no reflejan una competencia abierta”, enfatizó.

Otro de los puntos críticos señalados es la incapacidad de las energías solares para cubrir la demanda en horas nocturnas, consideradas las más sensibles para el sistema eléctrico nacional.

Desde otra perspectiva, Alejandro Lucio, CEO de Óptima Consultores, destacó que promover contratos de largo plazo es positivo para garantizar ingresos futuros y facilitar la financiación de proyectos. Sin embargo, advirtió que el diseño actual deja demasiadas incertidumbres.

“No está claro qué proyectos venderán energía ni bajo qué esquema se garantiza el pago futuro. Sin estas garantías, será difícil que los proyectos participen o que las entidades financieras los respalden”, explicó Lucio.

A su turno, el exviceministro de Energía Miguel Lotero recordó que Colombia ya ha realizado subastas de largo plazo desde 2017 y que las energías renovables hoy cuentan con mecanismos suficientes para participar en el mercado sin necesidad de este tipo de procesos.

Lotero también alertó sobre el riesgo de obtener precios elevados y cuestionó si la subasta será obligatoria o voluntaria para la demanda, así como la forma en que se definirán los precios y las condiciones de suministro.

La subasta contempla además el impulso a proyectos de almacenamiento con baterías para complementar la generación solar en horarios sin radiación. No obstante, estas tecnologías siguen siendo más costosas y enfrentan vacíos regulatorios.

Aunque los costos de las baterías han disminuido de manera significativa en los últimos años, expertos señalan que aún falta una regulación integral que reconozca todos los servicios que estas pueden prestar dentro del sistema eléctrico colombiano.

En este contexto, el sector coincide en que la claridad regulatoria y la neutralidad tecnológica serán claves para evitar impactos negativos en los precios finales y garantizar que la subasta realmente contribuya a la seguridad energética del país.