Las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la emergencia económica han generado preocupación en el sector eléctrico. Según la :contentReference[oaicite:0]{index=0}, el impacto combinado del impuesto al patrimonio y el aumento de transferencias ambientales podría ascender a unos $330.000 millones, presionando las tarifas de energía.

Alejandro Castañeda, presidente del gremio, explicó que las nuevas disposiciones incluyen un impuesto del 0,5% sobre el patrimonio de las compañías generadoras para 2025, además del incremento en las transferencias ambientales vinculadas al Sistema Nacional Ambiental.

En concreto, las empresas hidroeléctricas y térmicas deberán transferir un 2% adicional de sus ventas brutas durante seis meses en regiones con afectaciones climáticas. Esto implica que las hidroeléctricas pasarán de aportar del 6% al 8%, mientras que las térmicas subirán del 4% al 6%.

Posibles efectos en las tarifas

El gremio estima que el incremento en transferencias representará cerca de $70.000 millones, mientras que el impuesto al patrimonio sumaría unos $260.000 millones. Estos costos podrían trasladarse parcialmente a los usuarios, generando presiones adicionales sobre las tarifas eléctricas.

Debate por la proporcionalidad de las medidas

Aunque el sector reconoce la emergencia derivada de las lluvias en varias regiones del país, insiste en la necesidad de que la Corte Constitucional evalúe la proporcionalidad de los impuestos frente a los recursos disponibles para atender la crisis.

Se ha señalado además que existen recursos sin ejecutar en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, lo que abre el debate sobre alternativas de financiación antes de imponer nuevas cargas al sector energético.

Impacto en inversión y operación del sistema

Desde la :contentReference[oaicite:1]{index=1} advirtieron que el aporte extraordinario podría tener efectos estructurales en la operación del sistema eléctrico, incluso en la gestión de los embalses.

Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, señaló que los cambios en el flujo de recursos podrían alterar la toma de decisiones relacionadas con la operación ambiental y el manejo hídrico, lo que introduce nuevos riesgos para la estabilidad del sistema.

Para los gremios, estas medidas envían señales negativas a la inversión en un momento en que el país requiere fortalecer la confiabilidad energética y aumentar la competitividad del sector.